“Cuando le preguntan al Ministerio de Salud quién debe pagar las vacunas, dice que la Caja. Y cuando le preguntan a la Caja, dice que Salud”.
Las palabras de Roberto Arroba Tijerino, coordinador de Inmunizaciones y secretario técnico de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, describen una discusión que se ha prolongado por años, y que busca ser resuelta ahora con una consulta enviada a la Procuraduría General de la República.
Según Arroba, la ley de vacunas (número 8.111) es muy ambigua en el tema de la compra, por lo que la Comisión persigue que la Procuraduría aclare a cuál de las dos instituciones le compete esta responsabilidad.
Hasta ahora, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) asume la mayor parte de los $20 millones anuales que se invierten en adquirir las 13 vacunas del cuadro básico.
Los $17 millones que destina la Caja al año provienen de su presupuesto del seguro de salud.
El resto del dinero ($3 millones) sale del Fondo Nacional de Vacunación, a cargo del Ministerio de Salud, y con él se compran tres vacunas, informó Arroba.
En estudio. La consulta de la Comisión –que aún está en estudio en la Procuraduría– tiene como origen la preocupación de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por los costos crecientes del esquema nacional, confirmó la presidenta ejecutiva de la Caja, María del Rocío Sáenz Madrigal.
Solo en una vacuna como la de la influenza, la inversión de la Caja se ha triplicado en la última década, pues pasó de poco menos de $1 millón al año a $4 millones en la actual campaña de vacunación.
De acuerdo con las proyecciones de esa institución, es probable que la inversión en vacunas crezca en el futuro próximo.
Recientemente, la Comisión aprobó incluir en el cuadro básico la vacuna del rotavirus, responsable de causar casos de gastroenteritis.
Si la Junta Directiva de la Caja da su aval a esta inversión, se tendrá que destinar $1 millón más al año para este medicamento.
Además, está en proceso de análisis la introducción de una dosis contra el virus del papiloma humano (VPH), para prevenir el cáncer de cérvix.
Cálculos preliminares, estiman la inversión, en este caso, en $1,5 millones anuales.
“Cada vez vamos a tener más vacunas, pero la institución no va a poder incorporarlas todas al esquema de vacunación, porque tendría que dejar de prestar otros servicios”, advirtió Sáenz.
Aclaración. En una primera respuesta de la Procuraduría, el 3 de febrero, la procuradora Gloria Solano concluye que tanto Salud como la Caja “deben incluir en sus respectivos planes de presupuesto los montos necesarios para adquirir las vacunas”.
Pero a la Comisión no le satisfizo esa respuesta y pidió una reconsideración, que todavía está en estudio.
”Si la Procuraduría dice que es Salud, Hacienda va a tener que girar todos los recursos (que han bajado en los últimos años por problemas fiscales). Pero si es la Caja, la institución va a tener que ver cómo hace para conseguir ese dinero”, aseguró Arroba.
María del Rocío Sáenz dice que, en un escenario como este, una de las posibilidades es obtener recursos adicionales mediante proyectos de ley.
La presidenta ejecutiva de la CCSS, sin embargo, prefiere esperar a conocer la respuesta de la Procuraduría.