Ileana Balmaceda, presidenta ejecutiva de la CCSS, le cerró las puertas al informe de mayoría de la comisión legislativa que investigó la crisis de la institución, por tratarse –afirmó– de “un retrato antiguo” de lo que pasaba en la entidad.
La jerarca se refirió de esa manera al documento que recomienda la destitución de varios gerentes y altos funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a quienes los congresistas señalan como responsables de la crisis.
Dicho informe fue aprobado el jueves 31 de octubre con 33 votos a favor y seis en contra, esto luego de casi dos semanas de debate.
El análisis fue concebido en octubre del 2012 luego de seis meses de comparecencias y criterios de diversos actores sociales.
El informe resurgió del olvido hace dos semanas, cuando el diputado socialcristiano Wálter Céspedes presentó una moción para retomar la discusión sobre la Caja.
Balmaceda señaló que en su momento “la Junta Directiva lo analizó y encontró que muchas de las recomendaciones ya habían sido incorporadas al Plan Estratégico Institucional”.
La jerarca defendió que en la entidad se han hecho esfuerzos importantes para alcanzar el equilibrio financiero, entre ellos los cambios en el pago de incapacidades, la mejora en la gestión cobratoria y un control más estricto del gasto.
Criticó, más bien, que los diputados no hayan aprobado un proyecto de ley presentado por la CCSS mejorar los cobros y evitar la evasión en los aportes.
¿Qué se dictaminó? Las 208 páginas del informe contienen análisis que abordan desde la parte financiera (gastos que superaban los ingresos) y administrativa (aumento de 11.000 plazas en seis años), hasta la gestión (listas de espera).
Ese documento recomienda la destitución de funcionarios como la gerente de Infraestructura y Tecnología, Gabriela Murillo, a quien le achacan los atrasos en la implementación del Expediente Digital Único en Salud (EDUS) y el mal estado de la infraestructura hospitalaria del país.
También se pide la salida de Gustavo Picado, actual gerente financiero y quien en los años previos a la crisis fungía como director de Recursos Humanos.
Otro de los señalados es el Eduardo Doryan Garrón, expresidente de la Caja durante el gobierno de Óscar Arias Sánchez. A Doryan se le criticó lo de plazas y el manejo financiero de la Caja, así como el perdón de los intereses a la deuda que tenía el Estado con la seguridad social. Contra Doryan se recomendó su inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En el Congreso. Luego de la votación los diputados expresaron su postura sobre el informe.
La congresista Rita Chaves Casanova (Partido Accesibilidad Sin Exclusión), dijo que “es necesario que el servicio de la Caja tenga rostro humano, ya que el bienestar de las personas debe ser el bien único de la seguridad social, y la prevención debería ser la prioridad”.
Víctor Hugo Víquez, diputado del Partido Liberación Nacional, manifestó que “los problemas financieros (de la Caja) no eran tan profundos ni era que estaba quebrada, eso no es cierto”.
Por su parte, Carmen Granados, de Acción Ciudadana, apuntó que quedó demostrado que en la Caja había problemas serios y que, incluso, la crisis contagió al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
El informe aprobado por el plenario no es vinculante, pero fue enviado al Ministerio Público.