La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) solicitará un estudio para evaluar el impacto de elevar el aporte estatal y empresarial al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
La Junta Directiva de esa institución aceptó la moción presentada por dos de sus miembros para que la Dirección Actuarial presente, en un plazo no mayor a tres meses, ese análisis.
La iniciativa es del representante del cooperativismo ante la Junta, José Luis Loría, y el del sindicalismo, Mario Devandas; fue conocida la sesión ordinaria de ese órgano colegiado de este jueves 29 de junio.
Actualmente, el Estado aporta 1,24%, los patronos 5,08% y los trabajadores subirán su aporte de 2,84% a 3,34% a partir del 1.° de julio. En enero, la contribución obrera alcanzará el 3,84%.
"La propuesta es para solicitar un estudio a la Dirección Actuarial de la Caja, para que se analice el impacto de un eventual aumento en el aporte estatal y empresarial", explicó Loría a La Nación.
Por ahora, no se habla de un monto de incremento, aclaró el director. Este dependería del análisis actuarial que, de aprobarse la propuesta, sería presentado en un plazo no mayor a los tres meses.
En la misma sesión, la Junta Directiva de la CCSS rechazó la moción de Mario Devandas, representante sindical en ese órgano, de discutir el ajuste a la cuota obrera al IVM, a la luz de las protestas sindicales por ese aumento, que afectaron los servicios de salud este jueves.
La información la confirmó Devandas esta tarde ante consulta de este diario, vía WhatsApp.
No fue posible obtener más detalles, pues los directores permanecen reunidos en sesión ordinaria.
Este órgano colegiado está integrado por tres representantes estatales, tres patronales y tres de los trabajadores.
Paralelamente, el Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco) y la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) presentaron un recurso ante la Junta Directiva de la CCSS en contra del aumento de la cuota obrera, y una propuesta para fortalecer al IVM.
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Según advirtió la mañana de este jueves Edwin Solano, de la Unión Médica Nacional, la posibilidad de que el movimiento de hoy se convierta en una huelga indefinida dependerá de la respuesta de la Junta a la solicitud de Devandas.
Los sindicatos se manifestaron sobre la avenida segunda, en San José, con decenas de funcionarios que abandonaron los servicios hospitalarios y dejaron a cientos de pacientes sin sus citas, exámenes y cirugías programadas.
Solo en el Hospital México, 334 trabajadores de enfermería suspendieron labores para sumarse a la protesta.
Este jueves, los representantes del Estado, empresarios y trabajadores ante la mesa de diálogo tuvieron su sétima reunión de estudio, para discutir la próxima reforma al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja.
Tras su retiro temporal de esta mesa, hoy se presentaron los voceros patronales, quienes se habían separado por diferencias con el presidente Luis Guillermo Solís.
Este foro tiene como objetivo discutir cambios de largo plazo para el IVM, el principal régimen de pensiones del país, para el cual cotizan 1,5 millones de trabajadores.
Los patronos se habían retirado luego de que Solís manifestara su interés en traer a la mesa una medida de corto plazo, como el ajuste de la cuota obrera.
Este aporte aumentará un punto porcentual en dos partes: el primer incremento de 0,5 puntos porcentuales rige el 1.° de julio.
Otro aumento de 0,5 puntos entrará en vigencia el 1.° de enero de 2018 y elevará el aporte total a 3,84%. Ese punto porcentual inyectará ¢100.000 millones anuales al IVM e impedirá que se utilicen dineros del fondo para el pago de aguinaldos a pensionados.
Por su voto a favor de ese ajuste, Solís destituyó a la presidenta ejecutiva de la CCSS, María del Rocío Sáenz Madrigal, el 7 de junio.
En una votación unánime, el 12 de enero, los ocho miembros de la Junta presentes ese día –incluida en ese entonces Sáenz– votaron a favor del incremento. Solo el representante sindical, Mario Devandas, no estuvo en esa sesión, informó Marielos Alfaro, representante empresarial.
El 1.° de junio y tras conocer el informe de la Gerencia de Pensiones basado en un proceso de consulta popular sobre el ajuste, los miembros de la Junta conocieron una moción del director Rolando Barrantes –representante estatal– sobre posponer la entrada en vigencia hasta enero del 2018 y esperar las recomendaciones de la mesa de diálogo.
En una votación de siete contra dos, esa moción fue rechazada. Solo Devandas y Rolando Barrantes votaron a favor.
Actualmente, la Sala IV tiene para estudio un recurso de amparo contra este ajuste. Todavía está en estudio, bajo el expediente 17-8705-0007-CO, informó la oficina de prensa de la Sala Constitucional.