Los esfuerzos que hace la Caja para notificar a patronos morosos invirtiendo, por ejemplo, en un centro de llamadas o en la contratación de abogados externos para gestionar los cobros judiciales, producen escasos resultados a la hora de recuperar los montos adeudados a la seguridad social.
Un informe de la Contraloría General de la República (CGR), hecho público este martes, advierte que, de los 18.268 avisos de cobro enviados a trabajadores independientes morosos con la Caja (con una deuda total de ¢20.402 millones) en el 2016, solo se logró notificar a 3.821 deudores (¢3.803 millones).
Esa notificación, aclaró la Contraloría, es parte del proceso de cobro administrativo, pero no necesariamente implica su recuperación o cancelación.
En el caso de los patronos deudores, la CCSS envió 21.836 avisos de cobro (equivalentes a ¢50.866 millones de deuda), de los cuales se lograron notificar 12.451 (¢22.015); es decir, un 43,3%; para el 2016.
En total, la deuda acumulada al primer semestre del 2017, según el informe de la Contraloría con base en datos de la Gerencia Financiera de la Caja, es de ¢392.059 millones: ¢220.470 millones de 70.403 patronos, y ¢171.589 millones de 151.703 trabajadores independientes.
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La auditoría realizada por la CGR encontró que el centro de llamadas de la CCSS solo logró contactar a un 20% de los patronos en las 146.048 llamadas que hizo durante el 2016. En el 80% restante, no se contestó la llamada, se dejó mensaje en una grabadora, o el número no correspondía.
Entre otras razones, el informe atribuye estos resultados a una base de datos con información personal desactualizada en el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), responsable de registrar cuotas de patronos y trabajadores de todo el país.
Proceso vital
Para la Contraloría, "uno de los riesgos institucionales de la CCSS, lo constituyen las cuentas por cobrar".
Por lo anterior, según el informe, "resulta de vital importancia las mejoras que se puedan materializar en esta materia, donde la pronta recuperación de las deudas impactaría positivamente en la situación financiera de la entidad, y por ende, coadyuvaría a que se generen mejores servicios para sus asegurados".
Sin embargo, el informe DFOE-SOC-IF-014-2017, del 28 de noviembre pasado, puntualiza varias debilidades detectadas durante la auditoría sobre la gestión de cobro en la CCSS, en los años 2015 y 2016:
- Las estrategias de control de morosidad de los periodos 2011-2016, y 2016-2020, y los planes presupuesto de 2014-2015 y 2016- 2017 no incluyen metas e indicadores para procesos, productos intermedios y finales y de impacto relacionados con la gestión de cobro.
- Lo anterior no permite seguir adecuadamente los resultados y no genera información útil para la toma de decisiones.
- La CCSS carece de criterios estándar para priorizar y seleccionar los patronos o trabajadores independientes a quienes se les realizará la gestión de cobro.
- No hay interacción entre las unidades de la Dirección de Cobros lo cual causa descoordinación.
- La Dirección de Inspecciones no atiende oportunamente las solicitudes de la Dirección de Cobros. En el 2016, había 1.515 solicitudes no respondidas, lo que puede estar incidiendo negativamente en la gestión de cobro y en la recuperación de las deudas.
- Los documentos gestión de cobro de deudores en dos sucursales se manejan de forma diferente lo cual limita el seguimiento de los casos.
Uno de los principales problemas detectados es la poca efectividad en la contratación de abogados externos para la recuperación de las deudas que han pasado a cobro judicial.
Según la Contraloría, un 83% de la cartera morosa (a diciembre de 2016) pasó a cobro judicial sin ningún tipo de filtro. Por ejemplo, cita el informe, las comprobaciones que se deben hacer para clasificarlos en la categoría de 'difícil recuperación'.
Por esa razón, la CCSS tuvo que recurrir a pagar ¢70,4 millones en honorarios para abogados externos para trámites que luego fueron catalogados como de difícil recuperación.
Para la Contraloría, debilidades como las anotadas anteriormente logran explicar el bajo porcentaje de recuperación de deudas, que en los últimos diez años ha estado cercano al 1%.
"(...) en criterio de esta Contraloría General esto se ha generado por el inadecuado funcionamiento de los diferentes procesos de cobro en la Dirección de Cobros. Procesos que se realizan en forma aislada, sin criterios de selección estandarizados, sin la adecuada coordinación entre unidades y sin una visión de conjunto", advierte el informe.
En respuesta al informe de la Contraloría, Luis Diego Calderón Villalobos, director de Cobros de la CCSS, afirmó que "la revisión de un ojo externo permite enriquecer los puntos de mejora".
Según Calderón, para medir el desempeño es más preciso analizar la morosidad de un periodo con lo facturado en ese mismo periodo.
De acuerdo con lo anterior, sostuvo, el indicador de morosidad patronal de patronos y trabajadores independientes combinado, de enero a octubre de 2017, es de 1,88%; es decir, la CCSS recuperó en los primeros diez meses del 2017, el 98% de lo facturado a patronos y trabajadores independientes.
La CCSS informó de que, al 30 de setiembre de 2017, 14.344 patronos activos estaban morosos (un 17% del total de empleadores). El monto de la deuda ascendía a ¢61.193 millones.
Los ¢392.059 millones de deuda total mencionados por la Contraloría, corresponden a lo acumulado durante los 76 años de existencia de la institución.
El 15 de noviembre anterior, la CCSS informó de que, entre enero y octubre de este año, había logrado formalizar 7.405 acuerdos de pago por ¢45.518 millones con patronos y trabajadores independientes con deudas acumuladas.
Esto se logró, según la institución, con acuerdos de plazos de hasta 12 años para pagar.