Cinco asociaciones de pacientes crónicos presentaron este lunes, una denuncia penal por las fallas en el programa de trasplantes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La intención es que se investiguen las actuaciones de la Gerencia Médica, el departamento encargado de la coordinación de trasplantes y la Junta Directiva de la institución, en relación con los problemas que dieron origen a la orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud, el 31 de octubre.

“Pedimos formalmente el inicio de una investigación para que se llegue a determinar la posible comisión de delitos, en relación con la grave crisis en todo lo que es trasplante de órganos de la Caja, sea el proceso de procuración de los órganos, el respeto al orden de las listas de espera, así como en generarse en la Caja un plan y programa que brinde un servicio expedito de calidad y transparente”, indica la denuncia presentada ante la Fiscalía.

Sandra Chanto, presidenta de la Fundación de Nefrología, explicó que quieren que se profundice en la labor de coordinación de trasplantes, pues consideran que las medidas anunciadas por la Junta, el jueves anterior, no son suficientes.

“El programa se vino abajo, al aparecer, por la coordinación institucional de donación y trasplantes. Queremos que se investigue lo que está pasando y que se sienten responsabilidades a esas organizaciones y que se reactive el programa.

"La Caja lo que anunció (la Junta) es una nueva política de pago, pero no se contemplan un montón de aspectos más para tratar al paciente como centro (como lo ordenó Salud)”, dijo Chanto.

El cambio en el modelo de pago aprobado por los directivos de la Caja la semana anterior, pretende que siempre estén disponibles los equipos médicos responsables de extraer órganos de donantes cadavéricos y los trasplantes de riñón y de hígado.

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“No hay en todo el proceso de procura de órganos, criterios de oportunidad y equidad, acorde con la demanda de personas que están en lista de espera. Tampoco se cuenta con las condiciones de infraestructura adecuadas, así como el modelo institucional de donación y trasplantes no reúne los criterios necesarios que garanticen la sostenible del sistema a corto, mediano y largo plazo”, afirman las asociaciones en un documento que dieron a conocer este lunes.

El nuevo modelo deja sin efecto el sistema de alerta voluntaria, en el que se pagaba al especialista solo si asistía al operativo. Si uno solo del equipo contestaba que no asistiría, se cancelaba el procedimiento.

De ahora en adelante, en cambio, la asistencia será obligatoria y a todos los equipos de trasplante renal e hígado se les reconocerá la jornada extraordinaria con disponibilidad.

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Otras medidas

La orden sanitaria emitida por Salud se dio luego de que un informe técnico revelara que al menos 21 personas han fallecido en lo que va del año, mientras esperaban un trasplante de riñón.

El documento también señala un conjunto de fallas en el programa de trasplantes de la Caja, que han provocado el descalabro de esa red.

Entre ellos, la persistencia de problemas de administrativos como causantes de la pérdida de órganos para trasplantar, la inequidad en la distribución de órganos y tejidos, y la asignación de los disponibles sin cumplir con el criterio de gravedad del receptor establecido por ley.

Además del cambio en el modelo de pago, la junta directiva de la Caja anunció en su propuesta que se establecerían indicadores de gestión asociados a tasas de donación general, y se prioriza la intención de donación cadavérica sobre la donación viva en una relación 80/20, asimismo se establecen tasas de donación efectiva, y tasas de aprovechamiento de órganos vitales de 80% para trasplante de riñón e hígado y de un 50% para trasplante de corazón y pulmones.

De acuerdo con los datos de la Caja, la tasa de donación cadavérica registró un “incremento significativo”. Mientras en el 2010 era de 3 por cada millón de personas, en 2017 fue de 6 donantes; en 2018 de 7 donantes y la meta al 2025 es llegar a 21 donantes por millón de personas