El abogado josefino Galo Vicente Guerra Cobo presentó una acción de inconstitucionalidad contra el aumento en la cuota obrera del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
La acción ingresó el 4 de julio y está en estudio de admisibilidad en la Sala Constitucional, bajo el expediente 17-010453-0007-CO, informó la oficina de prensa de ese órgano.
Guerra solicita declarar inconstitucionales e inaplicables dos artículos de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el 14 f, y el 23, que tienen que ver con la potestad de la Junta Directiva de dictar los reglamentos y de ajustar las cuotas y prestaciones de la institución, respectivamente.
Además, el abogado incluye en su petición los acuerdos de Junta Directiva que elevaron las cuotas del Estado y los trabajadores para el IVM.
"Soy afiliado de la Caja y contribuyente del Estado. Las cargas para el Estado son cargas para sus contribuyentes; así, me afecta el incremento de la cotización del Estado, porque este tiene que trasladar la deuda a sus contribuyentes", sostiene Guerra.
El acuerdo de Junta que elevó el aporte estatal de 0,50% a 1,24% se tomó el 28 de julio del 2016. Empezó a regir el 1.° de setiembre del 2016, pero el Estado no ha pagado lo correspondiente a ese ajuste.
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En enero de este año, además, se acordó subir en un punto porcentual la cuota obrera, que pasaría de 2,84% a 3,84% en enero del próximo año.
En junio, la Junta determinó que ese aumento se haría en dos partes: la primera, de 0,5 puntos porcentuales, rige desde el 1.° de julio anterior. El segundo aumento de 0,5, entraría a regir el 1.° de enero del 2018.
La Sala Constitucional también tiene en estudio un recurso de amparo contra el alza en el aporte obrero, el cual ingresó el 16 de junio.
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Esta gestión la interpuso un ciudadano de apellido Villarreal Moreno, y está bajo el expediente 17-008705-0007-CO.
Las medidas de corto plazo acordadas por Junta Directiva de la Caja han generado malestar entre los sindicatos, que intentaron frenar el cambio en la cuota obrera con protestas que afectaron los servicios de salud en al menos dos ocasiones.
Mientras tanto, el Estado acumula una deuda de ¢50.000 millones por el ajuste de julio del 2016. La suma pendiente de pago alcanzará los ¢83.000 millones a final de este año.
La búsqueda de otras medidas para equilibrar las finanzas del IVM es el objetivo de una mesa de diálogo que integran representantes estatales, patronales y laborales.
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Se espera que de ahí salgan las medidas de larzo plazo para garantizar la sostenibilidad del principal sistema de pensiones del país, para el cual cotizan 1,5 millones de trabajadores.
Un estudio actuarial de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR), advirtió de que entraría en crisis en el 2030 si no se ajustan variables como la edad, los beneficios y las cuotas.
Este foro comenzó a reunirse el 3 de mayo.
Hasta la fecha, han tenido ocho encuentros dedicados a conocer informes técnicos como base para la elaboración de la propuesta o del conjunto de propuestas, que presentarán a Junta Directiva de la Caja a inicios de agosto.
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La fecha originalmente acordada para finalizar este proceso es el 3 de agosto, 90 días después de la primera reunión, confirmó Roberto Artavia, facilitador nombrado por la CCSS para la mesa.
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Sin embargo, es posible que los últimos acontecimientos modifiquen el calendario inicial, lo cual se confirmaría en la reunión del próximo martes.
Entre esos hechos está la destitución de la presidenta ejecutiva de la CCSS, María del Rocío Sáenz Madrigal, el 7 de junio, y la salida temporal de la mesa de diálogo del sector empresarial tras un diferendo con el presidente de la República Luis Guillermo Solís, sobre este tema.