Nueve especialistas médicos, entre los que están un emergenciólogo y dos pediatras, decidieron no cumplir el contrato de retribución que habían firmado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pese a que la institución les financió su formación académica.
Los nuevos profesionales, graduados en febrero, tras cuatro años de estudio, estaban asignados a hospitales regionales, pero esto último fue lo que los hizo rechazar el vínculo laboral que debían cumplir con la Caja, dijo la gerente médica, María Eugenia Villalta.
La falta de esos especialistas la sufrirán los asegurados, agregó.
Uno de los pediatras, por ejemplo, estaba asignado al Hospital de Ciudad Neily, donde llegaría a reforzar el servicio, pero ante la negativa del nuevo profesional de trasladarse a la zona sur ese centro médico seguirá con un solo especialista.
Otro hospital que se quedó sin especialista es William Allen, de Turrialba, pues allí debía llegar el emergenciólogo.
Villalta comentó que ante la renuncia anticipada de ese médico, el Hospital de Turrialba seguirá sin un profesional que atienda debidamente las emergencias.
Otros especialistas que ni siquiera comenzarán a trabajar con la Caja son un gastroenterólogo, una internista y un médico con posgrado en materno-fetal.
De los nueve médicos, tres informaron que ya se encontraban fuera del país, dijo la gerente.
Cobros. Ese grupo de nueve médicos es pequeño, si se lo compara con los 115 especialistas recién graduados que sí aceptaron cumplir el contrato de retribución.
Este último se refiere a un documento que los médicos residentes –aquellos que cursan una especialidad– firman y en el cual aceptan trabajar para la Caja durante tres años, a cambio de la formación que recibieron por el convenio entre esa institución y la Universidad de Costa Rica.
La gerente médica sostuvo que desde el viernes pasado notificaron a los nueve especialistas sobre el pago que deben hacer a la Caja.
Ese monto oscila entre los ¢3.000.000 y ¢4.000.000, aunque, de acuerdo con la institución, el costo de formar a cada uno de esos especialistas fue de casi ¢80 millones.
Villalta dijo que analizan cómo evitar que en el futuro se presenten situaciones similares.