La Dirección General de Tributación Directa podrá continuar cerrando aquellos establecimientos comerciales que evadan el pago de impuestos, luego de que la Sala IV refrendó esa potestad, tras desestimar una acción de inconstitucionalidad y un recurso de amparo interpuestos por la firma Edificio Goldim S.A., dueña de zapatería La Joya.
Ambas acciones habían frenado, desde el 22 de febrero, el proceso de clausura de empresas, durante dos semanas, por no usar o no entregar facturas autorizadas y por no presentar o no pagar el impuesto del impuesto sobre las ventas.
Básicamente, Goldim alegó en la acción de inconstitucionalidad que el artículo 20 de la Ley General del Impuesto de Ventas y los artículos 29 y 30 del Reglamento eran discriminatorios pues transgredían la libertad de comercio. Por lo tanto, según el alegato, violaban el principio de igualdad que establece la Constitución Política.
En el recurso de amparo, la empresa expuso que los funcionarios de Tributación Directa se precipitaron a levantar una acta en la que denunciaban que la firma no había entregado factura con base en un cupón que dieron a un cliente, "sin tomar en cuenta que, por aparte, se registraban los pagos".
Sin embargo, la Sala IV rechazó ambos alegatos mediante los votos 1510-96 y 1511-96. En la respectiva notificación dará sus argumentos.
Lo que sigue
De acuerdo con la directora de Tributación Directa, Jenny Phillips, el pronunciamiento de la Sala Constitucional permite continuar con el proceso de cierre a 789 empresas más que están en lista.
De estas, 289 por no usar o no entregar factura autorizada y 500 por no presentar la declaración del impuesto sobre las ventas o no cancelar este gravamen.
Hasta la fecha, Tributación había colocado los sellos de "cerrado" a 11 comercios: las tiendas El Guayacán Real, Modas Kaprichos y Lazos; los restaurantes Lamma Fortune, Kristal, Máster Tico y un local de la pastelería Merayo. También a la fábrica Placas Metálicas, zapatería La Joya, distribuidora El Granito de Oro y la discoteca Infinito, en el Centro Comercial El Pueblo, en barrio Tournón, San José.
También se intentó cerrar la tienda Retazos en San José, pero no fue posible pues esta cambió su razón social por lo que el Ministerio de Hacienda la acusó ante el Ministerio Público.
Según adelantó Phillips, para después de Semana Santa esperan llevar a cabo la clausura de 10 empresas, cuyo proceso ya está concluido.
Unido a esta acción y también relacionado con la Ley de Justicia Tributaria, el viceministro de Hacienda, Marvin Taylor, informó de que los reglamentos de gestión, fiscalización y recaudación de esa nueva ley se publicaron ayer.
Este es uno de los requisitos para que el régimen sancionatorio de la Ley de Justicia Tributaria entre en vigencia el lunes.
Cumplidos estos condicionamientos, las empresas que evadan tributos ya no solo enfrentarán el cierre, sino que también se expondrán a altas multas e incluso a penas de prisión a partir del 1 de abril.