Al resolver una consulta del diputado libertario Otto Guevara Guth, la Sala IV le dio luz verde al proyecto de ley que revivirá el impuesto a las personas jurídicas.
El Tribunal no encontró vicios de procedimiento ni de fondo. La votación de los magistrados fue unánime en torno al texto aprobado por los diputados el 9 de enero.
Solo en el caso de que hubiese vicios de forma, el proyecto habría sufrido algún freno en la Sala IV, antes de su aprobación final, en segundo debate.
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En cuanto a la consideración de fondo, en que Guevara alegaba que se violentaba el principio de capacidad contributiva de los contribuyentes, la votación fue de mayoría (cuatro a tres) en contra de ese argumento.
Con esa iniciativa, los diputados establecen que, para crear una nueva sociedad mercantil, se debe cancelar un impuesto de ¢64.000 ante el Registro Nacional de la Propiedad, en un plazo de 30 días a partir de su inscripción.
Además, las sociedades existentes deben tributar, cada enero, una tasa correspondiente a las ganancias que tenga su sociedad.
De esta forma, la tabla de cobro quedó así:
Una vez que los congresistas le den la votación final al proyecto de ley 19.818, deberán pasar varios meses para que entre en vigencia, pues el Gobierno tiene que hacer un reglamento y, además, hay un transitorio que establece que el impuesto toma vigor tres meses después de publicada esa reglamentación.
El impuesto lo deberán cancelar todas las sociedades mercantiles sean anónimas o de responsabilidad limitada, que se inscriban o ya estén inscritas en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional; también, las sucursales de sociedades extranjeras, sus representantes y empresas individuales de responsabilidad limitada, así como las sociedades en comandita o colectivas.
La sociedad en comandita es aquella constituida por dos clases de socios: los colectivos, que responden ilimitadamente de las deudas sociales, y los comanditarios, cuya responsabilidad está limitada por la cuantía de su aportación económica.
A enero del 2015, había inscritas en el Registro 558.183 sociedades, pero quedan exentas del pago las micro y pequeñas empresas inscritas como tales en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), así como los pequeños y medianos productores agropecuarios inscritos en el Ministerio de Agricultura y Comercio (MAG).
El impuesto volverá a la vida este año, luego de que fue declarado inconstitucional en enero del 2015 por la misma Sala Constitucional, por un error en la aprobación de la ley.
La anulación de ese cobro, hace dos años, no dejó libres de las deudas a los contribuyentes que se mantenían morosos ante el Registro Nacional.
El principal objetivo del impuesto es el de financiar el combate a la inseguridad pública, a través del financiamiento a varios cuerpos policiales.
De esta forma, el 90% de lo recaudado se le asignará al Ministerio de Seguridad Pública para invertirlo en infraestructura de las delegaciones policiales, compra y mantenimiento de equipo policial.
Aunque expresamente se le prohíbe a Seguridad pagar remuneraciones, horas extra, viáticos, transporte y consultorías con ese dinero, por excepción se le permitirá contratar 1.000 policías y sufragar los gastos correspondientes a estas plazas durante su existencia.
El porcentaje restante se reparte entre el Ministerio de Justicia, al que le toca un 5%, para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social, entidad encargada de las cárceles del país. De igual forma, no se pueden pagar salarios con ese dinero, y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que tendrá un 5% para la atención del combate al crimen organizado.
Conocida la decisión de los magistrados, el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, celebró la decisión de la Sala IV y aseguró que la iniciativa legal "es una herramienta que ayudará a mejorar el tema de la seguridad, al dotar de 1000 nuevos oficiales de policía al país".
"Además, refuerza las finanzas públicas en aras del objeto de equilibrio fiscal que este gobierno ha venido impulsando", dijo Mora, quien añadió que el Ejecutivo pretende recoger ¢45.000 millones por año con el pago de ese tributo.
Nota del redactor: el artículo fue aumentado con las declaraciones del viceministro Mora a las 5:25 p. m.