La Sala Constitucional acepta enjuiciar a personas comunes con miembros de los supremos poderes y rechazó de plano llevar procesos por separado, cuando se trate de una causa común, para así evitar fallos contradictorios.
Lo anterior surge luego de que el defensor de una persona que figura como imputada en una causa penal, a quien se le atribuye la comisión de delitos conexos en relación con el diputado liberacionista Jorge Angulo, solicitó que su cliente debe ser juzgado por un tribunal ordinario y no por la Sala Tercera.
Angulo, elegido en la provincia de Puntarenas y originario de la zona sur, enfrenta cargos por supuesto tráfico de influencias, concusión y extorsión simple.
Los hechos se relacionan con la supuesta injerencia del legislador del Partido Liberación Nacional (PLN) en la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), que administra el Depósito Libre de Golfito.
Junto con él serán juzgadas nueve personas más, entre colaboradores del legislador y miembros de Judesur, el próximo 5 de agosto.
El accionante planteó que se le otorga un trato desigual a su defendido por no tener acceso a la realización de una audiencia preliminar, donde podría negociar salidas alternas tales como la conciliación y la suspensión del proceso a prueba y por no contemplarse el derecho de interponer los recursos de casación y revisión contra la sentencia.
Mediante la resolución 9665-13, dada a conocer este miércoles, la Sala consideró que las normas cuestionadas no violentan ningún principio constitucional.
El supremo órgano resolvió que la imposibilidad de optar por soluciones alternativas al procedimiento, como la conciliación y otras que prevé el ordenamiento durante la investigación preliminar, no significa, de ninguna forma, una lesión a derechos fundamentales del encausado, ni una lesión al principio de igualdad.
Asimismo, consideró que sí es posible interponer los recursos de casación y el procedimiento de revisión contra la sentencia, ante la misma Corte Suprema de Justicia.