Cada hogar costarricense recibió ¢386.000 por mes, durante el 2013, en inversión social pública (ISP), según el XX Informe Estado de la Nación , divulgado el pasado 11 de noviembre.
Para obtener el dato, el Estado de la Nación tomó el total de la inversión pública (¢5,4 billones) y lo dividió por el número de hogares.
Se consideran como ISP los sistemas de salud, los programas educativos, las becas educativas, el régimen de pensiones no contributivas, las ayudas económicas para pobres y los bonos de vivienda, entre otros.
Los ¢5,4 billones de ISP representan el 79% del gasto público y el 22% del producto interno bruto (PIB). En 2013, el PIB fue de ¢24.799 billones, según datos del Banco Central.
“La inversión social pública se ha incrementado en forma sostenida desde inicios de la década de los noventa”, destaca el informe.
En términos reales, la ISP actual se duplicó en comparación con 1980.
No obstante, entre los años 2010 y 2011, este rubro tuvo una contracción de -2,2%.
Pese a la creciente inversión social, un 20,7% de los hogares vive en pobreza.
Amparo Pacheco, directora de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), comentó que esto es consecuencia de una política social enfocada en simple y llana asistencia y no en la generación de capacidades.
“La gente no sale de la pobreza con una pensión, los bonos de vivienda son un apoyo importante para la gente, pero con eso no salen de pobres. Los programas del IMAS que dan ayudas temporales no son para sacar a la gente de la pobreza, comedores escolares tampoco, Cen-Cinái tampoco”, dijo Pacheco.
“Con esto no quiero decir que algunos de estos programas no sean importantísimos, lo que quiero decir es que el tema de la pobreza tiene dos aspectos: asistencia social y política económica”, agregó Pacheco.
Para el presente año, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) presupuestó ¢500.000 millones para 25 programas de ayuda social.
Carlos Alvarado, ministro de Desarrollo Humano, enfatizó que el país necesita articular una política de empleo y un crecimiento económico sostenido, para reducir el porcentaje de pobreza.
Desglose. El cálculo –elaborado por el Estado de la Nación– clasifica la ISP en cuatro tipos de programas: universales (educación y salud), restrictivos (universidades), contributivos (pensiones) y selectivos (ayuda para pobres).
Los planes universales consumen el 12% del PIB, los restrictivos el 2,2%, los contributivos el 5% y los selectivos el 2,5%.
Natalia Morales, investigadora del Estado de la Nación, manifestó que el país necesita articular la inversión social pública con una política económica y de empleo robustas.