El viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora Lizano, tiene demandada a la Asamblea Legislativa por haberle frenado en el 2013, un alza salarial de ¢104.000 mensuales cuando él era asesor del Departamento de Servicios Técnicos.
Hace dos años, junto a más de 20 compañeros, Mora acudió al Tribunal Contencioso-Administrativo del II Circuito Judicial de San José, para reclamar ese aumento, luego de que el ajuste fuera congelado por el entonces presidente del Congreso, Luis Fernando Mendoza.
Según el expediente N.° 13-003569-1027-CA, los demandantes reclaman la restitución de ese ajuste que elevaría los salarios de los profesionales 2 B (plaza que ostentaba Mora) de ¢1.039.000 a ¢1.143.000, así como el pago retroactivo del alza, dado que inicialmente se había aprobado.
El caso actualmente se encuentra en trámite y solo resta que sea asignado a un juez para que dicte la sentencia, de acuerdo con la oficina de prensa del Poder Judicial.
Quitará demanda. Ante una consulta de La Nación , Mora reconoció que se podría beneficiar de una eventual condena al Estado, ya que podría recibir un pago retroactivo e intereses.
No obstante, afirmó que como él ya no ostenta una plaza en la Asamblea (era interina), acudirá al contencioso para retirar la denuncia por “falta de interés”.
“A mí hasta se me había olvidado ese caso porque tiene varios años, pero ahora que me pregunta si debería presentar un escrito, es más, lo voy a presentar en los próximos días, por no decir mañana (…). Obviamente, para mí el caso perdió interés”, dijo.
Recalificación. El alza formaba parte de una propuesta de recalificación de puestos en Servicios Técnicos que hizo la Dirección de Desarrollo Estratégico Institucional (DEI) del Congreso .
Ese plan, inicialmente fue avalado, el 30 de abril del 2013, durante la última sesión del Directorio legislativo de ese momento, el cual estaba integrado por Víctor Emilio Granados como presidente; Martín Monestel, como vicepresidente, y Rita Chaves, como primera secretaria, los tres diputados del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).
Sin embargo, después fue frenado por Mendoza debido a que él se iba a beneficiar de ese ajuste, pues si bien en ese entonces era legislador, tiene propiedad en dicha dependencia desde 1998.
También congeló la recalificación porque la propuesta del DEI era exclusiva para ese departamento y excluía las ocho dependencias restantes que integran la Asamblea Legislativa.