Un acuerdo ratificado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA), el 25 de octubre del 2012, permite que los jerarcas de esta casa de enseñanza reciban un mayor pago por concepto de pluses salariales, como el caso de la prohibición para ejercer sus profesiones en otras organizaciones.
Ese día, el Consejo acordó que, para los miembros de la cúpula, los incentivos serían calculados no sobre el salario base, como ocurre con la mayoría de funcionarios públicos, sino sobre el salario base más el dinero del recargo por desempeñar altos puestos.
En el caso del rector, si este tiene categoría de catedrático, la UNA le paga un 60% adicional por recargo.
El jerarca actual, Alberto Salom, tiene un salario base de ¢1,54 millones y un recargo de ¢925.000, de manera que los incentivos deben calcularse sobre un total de ¢2,46 millones.
A los ministros de Gobierno, en cambio, el incentivo de un 65% por prohibición se les paga con base en el salario base.
Si esa regla se aplicara en la UNA, al rector Salom se le pagaría poco más de ¢1 millón por ese plus, pero, con base en el acuerdo tomado por el Consejo Universitario en el 2012, se le desembolsan ¢1,6 millones, pues el incentivo se le calcula sobre salario base más recargo.
Así se desprende de información suministrada por el departamento de Gestión del Talento Humano, del Área de Remuneración y Registros Laborales.
Si bien el acuerdo fue ratificado en el 2012, al parecer esta modalidad de cálculo de pluses para la cúpula de la UNA proviene de años anteriores. Este medio solicitó a la Universidad aclarar el tema, pero aún no se recibe respuesta.
Hace seis años, la rectora era Sandra León. Ella se retiró de la sesión cuando el tema fue discutido.
Salom fue elegido como rector en el 2015, tres años después de que se ratificó el acuerdo. Su nombramiento rige hasta el 2020.
En el caso de los vicerrectores y los miembros del Consejo Universitario con categoría académica o administrativa, los incentivos se calculan sobre el salario base más un 40% de recargo.
Para los directores de área, el recargo es de un 35%; para los decanos, de un 30%; para los vicedecanos, de un 25%; para los directores de unidad académica, de un 20%; y para los subdirectores, de un 15%.
El pago por prohibición para el rector de la UNA despertó dudas y polémica la semana pasada cuando el diputado liberacionista, Jorge Fonseca, le cuestionó al jerarca universitario si había recibido ¢20 millones de más por ese plus. La pregunta se la hizo en la comparecencia de Salom ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Parlamento.
El sábado pasado, el legislador insistió en que llevará el caso de Alberto Salom ante la Contraloría General de la República para que ese órgano determine si el salario del rector ha violentado alguna norma de la administración pública.
Ante esto, el rector insistió en que él desconocía la forma en que la Universidad le calcula los pluses y que desconocía si había ocurrido alguna irregularidad.
Salom pidió al departamento de Recursos Humanos de la UNA que aclare al Parlamento su desglose salarial y dijo que devolvería el dinero percibido de más, si ese fuera el caso.
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El jerarca de la Univesidad Nacional está en la picota desde que trascendió que el Consejo Universitario aprobó la inversión de $14,5 millones en la remodelación de la Plaza de la Diversidad y en la construcción de otra infraestructura dentro del campus principal.
Incluso el presidente de la República, Carlos Alvarado, afirmó que el Poder Ejecutivo ve como inoportuna esa inversión en momentos en que el país enfrenta una grave crisis por el déficit fiscal del Gobierno Central, falto de recursos para cubrir sus obligaciones corrientes.
Este lunes la UNA dio un paso atrás con la remodelación de la plaza de la Diversidad y la Casa Estudiantil. Alberto Salom confirmó que la Proveeduría institucional revocó la adjudicación y que ahora corresponde volver a discutir el proyecto con el Consejo Universitario, los decanos y la comunidad estudiantil en general