Un empresario autobusero, de nombre Raymond Salim Simaan, adquirió la totalidad de los bonos de deuda política que el Partido Integración Nacional (PIN) logró colocar, hasta el 30 de noviembre del 2017, para financiar su campaña electoral.
En su informe financiero del mes de noviembre, la agrupación de Juan Diego Castro reportó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el ingreso de ¢160 millones por la colocación de los certificados.
A su vez, el TSE confirmó a este medio que toda la emisión de bonos del PIN fue adquirida por este monto por Salim Simaan.
Se trata del empresario que entre el 13 y el 14 de junio suspendió los servicios de autobús de Biusa (La Uruca) y Guilial (Barrio Escalante, Barrio La Cruz y Barrio México), como medida de presión contra la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y el Consejo de Transporte Público (CTP) para que se le aprobara un alza tarifaria.
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Simaan alegaba que las tarifas vigentes ocasionaban un "desequilibrio financiero". Al no conseguir el aumento en los pasajes, el empresario renunció a la concesión que operaba con Transportes Guilial S. A.
"De conformidad con los estados financieros y los registros auxiliares contables, emitidos al 30 de Noviembre de 2017, presentados ante este departamento por el Partido Integración Nacional, se registra una colocación de certificados de cesión a nombre del señor Raymond Simaan por un monto de ¢160 millones", informó el departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal.
En el informe financiero, además se registra un ingreso de ¢56,5 millones, del mismo empresario, por concepto de un "préstamo", según pudo constatar este medio.
El reporte también da cuenta de una deuda que tiene el PIN con Castro por ¢53 millones, y otra con Walter Muñoz, candidato a diputado por el primer lugar de San José, por ¢11,6 millones.
Para el periodo comprendido entre el 1.° de julio y el 30 de noviembre, la agrupación política reporta un total de gastos de ¢257 millones, de los cuales se invirtieron ¢119,9 millones en propaganda. Según un monitoreo contratado por el TSE, el gasto en publicidad del PIN al 11 de diciembre se estimaba en ¢133 millones.
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En el reporte financiero con corte a noviembre, Integración Nacional registra ingresos por los ¢160 millones de los bonos. En ese mes, el partido dice haber recibido donaciones por ¢2,48 millones.
La Nación contactó a Carlos Alvarado, tesorero de la campaña del PIN, para consultarle detalles sobre la colocación de bonos del partido. Se le contactó a las 11 a. m. y él indicó que podía atender al mediodía. A esa hora, avisó que estaba entrando a una reunión. A las 2:30 p. m. se le volvió a consultar y, a las 4:30 p. m., pidió que se le enviaran las preguntas vía correo electrónico.
Este medio también envió consultas vía correo electrónico a Simaan.
Salim Simaan figura como presidente en sociedades anónimas como Buses Ina Uruca S. A. (Biusa), que ofrece el servicio de transporte entre San José y zonas como barrio Corazón de Jesús, Hospital México, La Carpio, La Peregrina, Parque Diversiones y Rossiter Carballo.
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También, aparece a la cabeza de sociedades como Busscar de Costa Rica S. A., Buses y Carrocerías Ecsar S. A., M.V. Buses de Costa Rica Sociedad Anónima y Transportes Costarricenses Panameños Sociedad de Responsabilidad Limitada.
¿Qué son los bonos?
En las campañas, los partidos pueden confeccionar bonos de deuda política para financiarse. Cada agrupación decide el monto que les asigna.
Estos certificados en realidad son expectativas de pago, pues su valor depende del resultado de las elecciones.
Si el partido saca suficientes votos, el bono puede valer lo que se escribe en el papel. Si no, puede valer menos, un 75%, un 50% o un 0%.
Los partidos los usan para entregárselos a los bancos, como garantía de préstamos, o para pagar proveedores. Quienes adquieren los bonos ganan intereses sobre ellos, así como los descuentos que negocien con los partidos.
Es decir, es posible que una persona adquiera un bono de ¢1 millón, pero el partido en realidad le cobra ¢900.000, con lo que el comprador se gana ¢100.000 más, aparte de los intereses que pague el Estado.