La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) celebró la exclusión de Costa Rica de la lista negra de la Unión Europea. Consideró que se trata de un paso hacia adelante en el fortalecimiento de la seguridad jurídica para la atracción de inversiones.
“Para la Unión de Cámaras, con el anuncio hecho este martes, el país se consolida, ante los ojos del mundo, como una jurisdicción que lucha contra la evasión y elusión fiscal (...)”, indicó la agrupación empresarial en un comunicado de prensa.
Costa Rica fue eliminada de la lista negra de países no cooperantes en materia fiscal, conocido como anexo I, gracias a la ley resellada por 38 diputados el 26 de setiembre. De acuerdo con el bloque europeo, la reforma permitió modificar “los aspectos perjudiciales de su régimen de exención de ingresos de fuente extranjera”.
Al respecto, la Uccaep destacó el trabajo realizado por los legisladores como “una clara señal de que el diálogo y el debate constructivo, a favor del país, es la única vía para encontrar las soluciones a los problemas que afronta nuestra sociedad”.
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Costa Rica tiene una tarea pendiente
Costa Rica ahora se encuentra en la lista de 14 naciones y territorios que no cumplen con todas las normas fiscales internacionales, pero que se han comprometido a llevar a cabo reformas, lo que se denomina anexo II.
Para que una nación ajena al bloque sea considerada como cooperante en temas fiscales, debe cumplir con tres criterios: transparencia, equidad fiscal y medidas contra la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios.
El país tiene una tarea pendiente en cuanto a la transparencia fiscal, la cual implica que “las autoridades tributarias de los Estados miembros de la UE tengan acceso a datos adecuados sobre los activos exteriores de sus ciudadanos, de modo que estos activos no puedan ocultarse para eludir la imposición”.
De acuerdo con el bloque, Costa Rica se comprometió a abordar las recomendaciones del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en relación con el oportuno intercambio automático de información y, al menos, lograr la calificación de “está vigente, pero necesita mejorar”.
Estas recomendaciones deben estar listas para la revisión de pares que se realizará en el otoño de 2024 (desde finales de setiembre y hasta diciembre).
Al respecto, la Uccaep indicó que “permanecerá vigilante para que el país cumpla con sus compromisos y, al mismo tiempo, garantice siempre la certeza jurídica y la competitividad”.
Por su parte, legisladora Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), indicó que la Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó, la semana pasada, el expediente 23.088 que justamente busca atender los puntos señalados por la UE para el intercambio de información automática.
El diputado Fabricio Alvarado, jefe de fracción del Partido Nueva República (PNR), coincidió en la necesidad de realizar cambios y recordó que, por ello, la Asamblea Legislativa creó una nueva comisión especial con el objetivo de discutir la territorialidad del impuesto sobre la renta en Costa Rica, desde la cual estas discusiones podrían abordarse.
La salida del país de la lista negra también fue celebrada por Daniela Rojas, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien presidió la comisión especial que revisó la propuesta que finalmente se convirtió en ley de la República.
“El proyecto de ley que presentamos era suficiente para lograr no continuar en la lista, sin que se hiciera necesario aumentar los impuestos ni la carga impositiva para los costarricenses y el sector productivo del país”, expresó.
Nogui Acosta: ‘Es como estar en el purgatorio’
Por otro lado, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, indicó a La Nación que el resultado era “esperable”, pero también supone que el país está como en el “purgatorio”, por la imposición de eventuales sanciones si no se hacen los cambios necesarios en el sistema tributario.
“Hemos sido claros en que tenemos que hacer modificaciones estructurales en nuestro sistema tributario, para poder incorporar las mejores prácticas y ahí yo creo que es como estar en el purgatorio, para decirlo de alguna manera.
“Solamente si cumplimos fielmente con una transformación del sistema tributario que permita tener mayor claridad, mayor transparencia y mayor seguridad a los agentes económicos, podremos estar tranquilos de no volver caer en una lista que podría generar consecuencias para las empresas costarricenses, para la inversión extranjera y para el desarrollo en el país”, advirtió.
La vocera de los diputados oficialistas, Pilar Cisneros, calificó de “buena noticia” la decisión de la UE, pero dijo lamentar “el precio que pagamos por eso, sin ninguna necesidad”, por los cambios que se introdujeron en el artículo 1 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que impide a Tributación cobrar impuesto a personas y empresas reales por ganancias obtenidas en el exterior, aun si las generan con dinero producido en Costa Rica.
La ley dejó en claro que, con excepción de las compañías de papel, Tributación solo puede gravar los ingresos que se producen dentro de los límites geográficos del territorio nacional.
El Gobierno, los diputados oficialistas y la bancada del Frente Amplio se opusieron al cambio, lo que motivó el veto parcial del presidente de la República, Rodrigo Chaves. No obstante, 38 diputados optaron por el resello.