Los equipos legales de las cinco universidades públicas y del Consejo Nacional de Rectores (Conare) evalúan con lupa cada artículo de la Ley Marco de Empleo Público. La intención, por ejemplo, es emprender acciones legales en contra de que el Ministerio de Planificación (Mideplán) pueda regular salarialmente los puestos comunes de las casas de enseñanza superior.
Los puestos comunes son aquellos que forman parte del staff administrativo, auxiliar o personal de apoyo. Tal es el caso de choferes, secretarios, guardas o, incluso, proveedores o contadores.
La Sala IV concluyó que el Mideplán sí puede regular los sueldos de estos cargos para todo el sector público, incluso para poderes e instituciones con autonomía, sin que esto implique una violación a la independencia constitucional de estas entidades.
No obstante, las universidades de Costa Rica (UCR), Nacional (UNA), Estatal a Distancia (UNED), Técnica Nacional (UTN) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) se oponen a esa posibilidad.
Rodrigo Arias, rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y presidente del Conare, explicó que los grupos buscan, en sus análisis, las formas de cómo “aclarar” algunos elementos de la Ley a través de la reglamentación, así como plantear una reforma, presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Sala IV o entablar un proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo en contra de alguna norma.
“Es algo que las asesorías legales tendrán que recomendarnos a nosotros, una vez que hagan el análisis pormenorizado del articulado que se recomendó”, indicó Arias en entrevista con La Nación.
Al mismo tiempo, añadió el jerarca, con tal de evitar regulaciones del Mideplán sobre los puestos comunes de las universidades, otros cinco equipos trabajan, desde hace más de un año, en la elaboración de un régimen propio de empleo universitario.
Ese sistema unificará, según dijo el rector, los sistemas individuales de cada universidad. Tomaría en cuenta los principios de la reforma al empleo público, pero al mismo tiempo, reconocería particularidades de este sector.
Los equipos lo conforman las áreas de Recursos Humanos, Planificación, Financiera, Legal y Desarrollo Universitario de las casas de estudios. El documento se terminaría de construir este año, aprovechando el transitorio de 12 meses de aplicación de la ley, añadió Arias.
“Se está tomando en cuenta todos los componentes que contiene la ley aprobada. La usamos como guía para el trabajo específico de las universidades, con el propósito de analizarla dentro del contexto diferente y particular que tenemos, siguiendo las grandes orientaciones de la ley”, indicó.
Los rectores universitarios intentaron, desde principio del 2021, que las universidades públicas quedaran fuera de la reforma al empleo estatal. De hecho, sostuvieron reuniones con los diputados y promovieron mociones de fondo para que se aprobaran con ese fin. Durante la discusión en comisión, los legisladores excluyeron a las universidades estatales, pero luego de las críticas de varios sectores, volvieron a incluirlas.
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En principio, la reforma planteaba una rectoría de Mideplán sobre todo el empleo en el Estado. Sin embargo, una primera revisión, en julio del 2021, la Sala IV determinó que solo era posible una dirección de esa cartera sobre el Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como los puestos comunes de los poderes Judicial y Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), las universidades públicas, las municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Sin embargo, Arias rechazó, en la entrevista con La Nación, la rectoría de Planificación sobre esos puestos. “Mideplán no puede tener rectoría sobre ningún funcionario universitario. De ningún tipo, de ningún tipo”, snetenció.
Su opinión es adversa al fallo de la Sala Constitucional.
“Ahí, en los casos donde haya algún tipo de direccionamiento de Mideplán, obviamente es inaceptable. Ningún ente del Poder Ejecutivo puede dar directrices, orientaciones o poder tener controles en la parte propia del desempeño del personal de las universidades”, insistió el rector.
Para el jerarca, la autonomía otorgada por la Constitución a las universidades estatales impide ese tipo de “interferencias”.
“No pueden tener direccionamiento de ningún tipo Mideplán sobre ningún funcionario de las universidades. Eso es un punto donde obviamente no puede operar de la forma como está (la ley) para el resto de instituciones del Estado”, insistió.
Al recordarle que la Ley Marco de Empleo Público superó dos revisiones en la Sala Constitucional y que, precisamente, los magistrados aclararon que los puestos comunes de las instituciones del Estado quedarían bajo la rectoría de Mideplán, el rector insistió:
“Una ley no puede estar por encima de la Constitución Política y, por eso, le dije que estamos revisando detenidamente el articulado de la ley que se aprobó, con el propósito de ver cuáles puntos deben clarificarse por medio de un reglamento, cuáles eventualmente con modificaciones de la misma ley y, en última instancia y llevar adelante las acciones que correspondan”.
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- ¿Desconocen las universidades públicas la rectoría de Mideplán sobre los puestos comunes?
- Bajo la dirección y rectoría de Mideplán no puede haber ninguna universidad publica”.
- La Sala IV ya dijo que no es inconstitucional. Si no es la Sala IV, ¿a quién le corresponde interpretar la Constitución Política?
- Sí, claro. Por eso le digo que, eventualmente, llevaremos alguna acción ante la Sala IV de ese análisis que se está haciendo minuciosamente”.
- Insisto, la Sala IV ya resolvió el tema de la rectoría y de los puestos comunes.
- No. No. Ellos no han entrado a hacer un análisis pormenorizados de los diferentes articulados. Ellos responden consultas que le hicieron los diputados, sobre consultas particulares, pero no han entrado a hacer análisis propios, específicos de la gestión de las instituciones que tenemos ese respaldo constitucional. Ahora, las instituciones que consideramos que la ley riñe con la Constitución Política, tenemos nuestro derecho que rige en Costa Rica, de llevar las acciones que consideramos pertinentes en defensa de la institucionalidad pública.
- ¿Cuál es el análisis sobre los puestos de trabajo que están haciendo las universidades públicas?
- Uno de los grupos de trabajo que le mencioné busca definir la estructura ocupacional propia de las universidades. Al haber una estructura ocupacional de las universidades, habrá todo tipo de puestos, muy específicos como los puestos comunes. Estos tienen que entrar en un mecanismo de valoración con el propósito de poderlos comparar contra la situación que se defina dentro del país, lo cual es la base para resolver nuestras estructuras salariales. Estas estructuras salariales va responder a los principios de la ley. Dentro de ese principio siempre vamos a estar.
- ¿Ya entraron a definir la escala salarial?
- No. No. Es parte del proceso que viene más adelante. Ahorita estamos con la normativa general para verlos a la luz de particularidades.
- ¿Van a respetar el tope salarial fijado para las universidades?
- En eso, vamos a respetar el ordenamiento legal que existe en nuestro país.