El Partido Liberación Nacional (PLN) se expone a multas de hasta ¢2,3 millones luego de que delegados electorales reportaron que el candidato José María Figueres participó en concentraciones proselitistas, en espacios públicos, aparentemente sin permiso del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
“No es cuestión de ‘no importa, yo pago la multa’, como le dijo un dirigente a un delegado; no es cuestión de eso, sino una cuestión de respeto, no solo de la normativa electoral, sino de las comunicaciones que hace el mismo Cuerpo de Delegados”, declaró Héctor Fernández, director general del Registro Electoral.
El funcionario confirmó que el TSE abrió una investigación administrativa en contra del PLN: “Algunos de esos (reportes) son de algún tipo de gira que ha hecho el candidato presidencial, incluso en el sector de Desamparados, donde se hacían reuniones en sitios públicos, pero no se pidió el permiso.
“Hemos tenido que estar corriendo apercibimientos o notas del Cuerpo Nacional de Delegados, instando a que se respete y, luego, ante la evidencia de que no se ha hecho, el Cuerpo de Delegados nos hizo las solicitudes para iniciar investigaciones administrativas preliminares”.
El jefe de la campaña liberacionista, Álvaro Azofeifa, aseguró que el partido aún no ha sido notificado de la apertura de la investigación preliminar, al tiempo que negó los hechos.
“Es importante recalcar que Liberación Nacional trabaja en absoluto apego de los lineamientos establecidos por el TSE, cuyos delegados han estado presentes en cada una de las actividades que hasta la fecha hemos desarrollado”, afirmó Azofeifa.
El Código Electoral prevé multas de ¢924.000 a ¢2,3 millones por cada concentración política que se efectúe sin el aval del Tribunal Supremo de Elecciones.
La investigación administrativa preliminar fue abierta bajo el supuesto de “prácticas indebidas de proselitismo electoral”, hecho que está regulado en el artículo 291 del Código Electoral. Este numeral señala las sanciones “a quien desobedezca las normas vigentes sobre reuniones, mítines y desfiles, o las disposiciones de los delegados del TSE”.
Héctor Fernández explicó que los partidos deben tramitar ante el TSE los permisos para hacer concentraciones en espacios públicos; asimismo, deben tener las autorizaciones correspondientes de otras autoridades, como municipalidades o Ministerio de Salud. No sucede así con los eventos en espacios privados.
“Mientras que las reuniones sean en espacios privados no requieren autorización. Ahora, si la reunión se convoca para un espacio privado, pero al final ocupa la calle que es pública, pues también habría una violación. En este momento, nuestros delegados andan verificando eso en todo el país y les pedimos la comprensión y el respeto para estos ciudadanos que aportan un gran servicio al país ad honorem”, afirmó el funcionario.