El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) enterró ayer la reforma de financiamiento electoral que propuso el comando de campaña de Johnny Araya, candidato del PLN, al tildarla de “inaceptable”.
Un día antes de que los diputados se sentaran a negociar la propuesta, convocados por Liberación Nacional (PLN), los magistrados del TSE se adelantaron para oponerse enfáticamente a dos puntos cruciales de la iniciativa.
El movimiento de Araya pretendía incluir, en un proyecto de ley para reducir en ¢18.000 millones la deuda política, una autorización para que las sociedades anónimas nacionales realicen donaciones en especie y de bajo monto a los partidos políticos.
Además, autoriza a las agrupaciones a emitir bonos de deuda política únicamente para ofrecerlos como garantía a los bancos, a fin de obtener créditos.
Luis Antonio Sobrado, presidente del TSE, declaró que las propuestas significarían un retroceso en las reglas de transparencia sobre el financiamiento de las campañas políticas. En un pronunciamiento, los magistrados dijeron que los mecanismos planteados “resultan inaceptables”.
Sobrado argumentó que las donaciones de sociedades anónimas y el uso de los bonos traen opacidad al proceso electoral, aun cuando tengan condiciones especiales como un tope a las contribuciones.
“Es un tema de principios”, dijo el magistrado, quien añadió que las donaciones a partidos son un acto político que debe quedar reservado para los ciudadanos y que la posibilidad de que una sociedad done ¢1 ofende la Constitución Política.
La posición del TSE es un aborto para la propuesta liberacionista, en vista de cualquier reforma electoral necesita de su visto bueno seis meses antes y cuatro meses después de los comicios
Los bonos de deuda política están suspendidos por una acción de inconstitucionalidad y el propio TSE declaró, en la Sala IV, que el mecanismo es inconstitucional.
Antonio Álvarez Desanti, jefe de campaña de Araya, sostuvo ayer que evaluarán y tomarán en cuenta la posición del TSE. “No le tendría una respuesta en este momento”, respondió al consultársele si continuarán con la idea.
Álvarez sostuvo que hoy empezarán a negociar con los demás partidos y defendió su posición inicial. Él alega que la autorización a las sociedades solo busca que los activistas puedan usar, en campaña, bienes de su propiedad inscritos a nombres de personas jurídicas.
“Nos parece que es una barbaridad que un candidato no pueda usar un carro porque está a nombre de una empresa familiar”, dijo.
El lunes, Luis Guillermo Solís, candidato de Acción Ciudadana (PAC), pidió a Araya a conseguir los votos para reducir el aporte estatal a la campaña de un 0,19% a un 0,11% del Producto Interno Bruto (PIB) mediante una reforma legal.
El PLN aceptó recortar de ¢43.000 millones a ¢25.000 millones la deuda política, pero agregó las otras dos propuestas. Ayer, Álvarez dijo que para ellos el corte de la deuda es “caso cerrado” porque su Partido ya acordó gastar como si solo existiera un 0,11%.
Solís, quien avaló la posición del TSE, insistió en que la deuda debe ser bajada por ley sin condiciones.
En tanto, el TSE también anunció que los partidos podrán obtener créditos mediante fideicomisos bancarios garantizados con el eventual pago de la deuda política.
Gilberto Serrano, presidente de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), informó de que el principal indicador para otorgar los créditos serán las encuestas.