El Tribunal de Apelaciones de Sentencia Penal rechazó una medida cautelar alterna y amplió por dos meses la prisión preventiva al extesorero del Movimiento Libertario, Ronaldo Alfaro, quien fue condenado por el delito de estafa en perjuicio del Estado, en octubre del 2015.
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La prórroga fue confirmada por Gerardo Rojas, abogado defensor de Alfaro, quien había pedido la liberación inmediata de su defendido, o bien, que lo dejaran salir de la cárcel bajo ciertas condiciones, como por ejemplo, con una tobillera de monitoreo electrónico las 24 horas del día.
Al final, los jueces optaron porque continúe dos meses más en la prisión de Cartago, donde ya lleva más de dos años.
No obstante, instaron al Tribunal Penal de San José a convocar en ese lapso de tiempo, a un nuevo juicio para fijar la pena en contra de Alfaro y del otro condenado, el exsecretario de Capacitación libertario, Carlos Solano.
Al primero se le habían dictado ocho años de cárcel y al segundo, tres, pero el Tribunal de Apelaciones ordenó establecerlas de nuevo, tras considerarlas desproporcionadas. Tal decisión fue convalidada el 15 de noviembre por la Sala Tercera.
Si bien habría una reducción de las penas carcelarias, tres instancias distintas —el Tribunal de Juicio Penal de San José, el Tribunal de Apelaciones de Sentencia Penal y la Sala III—, concluyeron que sí hubo una estafa por parte del Movimiento Libertario en perjuicio del Estado.
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Específicamente, se les atribuye cobrarle al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ¢209 millones por unas capacitaciones que nunca existieron, luego de las elecciones del 2010.
Para el abogado Gerardo Rojas, lo que esta ocurriendo con su defendido es una injusticia.
“No comprendemos cómo mientras dejan a todo tipo de delincuentes sueltos, a una persona ya juzgada, pero no condenada, es decir un preso sin condena, pueden continuar agrediéndole jueces y fiscales".
"Es precisamente esta prisión sin condena la que lleva a concluir que Ronaldo Alfaro es el primer preso político de este siglo, no por falta de juzgamiento legal, sino por un juzgamiento por sus ideas, su afiliación política y la necesidad de un Poder Judicial, alterado por faltas graves de administración de justicia de aparentar transparencia y garantías, cuando el resultado demuestra totalmente lo contrario: un preso sin condena en un juicio político es un preso político”, añadió Rojas.
El fiscal a cargo, Alexánder Valverde, asegura que la decisión de enviar a Alfaro a prisión preventiva fue del Tribunal Penal de San José y que el extesorero liberatario no apeló esa decisión, ni ante el Tribunal de Apelaciones, ni ante la Sala Tercera.
Agregó que en este caso, la prisión preventiva no se debió a un tema de arraigo en el país, sino porque tienen los medios económicos para poder fugarse del país y por la magnitud del daño causado.