¿Sabía que el 55% de los juicios que se acumulan en los tribunales de justicia corresponden a demandas civiles, como cobros de entidades bancarias, litigios con empresas inmobiliarias, resoluciones de herencias y disputas entre vecinos?
Es así, con el gran inconveniente de que estos procesos pueden durar más de una década en resolverse. Actualmente, hay casi 600.000 juicios pendientes.
Muchos de estos casos están en la etapa final, la de ejecución de la sentencia, pero los jueces tienen dificultades para que sus resoluciones se ejecuten.
El próximo 8 de octubre, con la promesa de cambiar el panorama, entrará a regir una reforma aprobada por el Congreso a finales de 2015.
De acuerdo con los magistrados de la Sala I, la máxima instancia en esta materia, la Reforma Procesal Civil dotará a los jueces de más herramientas para tomar decisiones.
Para empezar, los juicios serán orales y públicos, con lo cual se esperan reducciones sustanciales en los tiempos de trámite, hasta de un 50%.
Además, se crean nuevos tribunales para separar los casos según su nivel de complejidad, y se eliminan posibilidades de apelación que usualmente derivan en atrasos de años.
Estos son los principales cambios que experimentarán los juicios civiles a partir de octubre:
Audiencias orales y públicas, sentencias con plazo
Jueces, abogados y usuarios de la justicia tendrán que acostumbrarse a verse en persona. Hasta ahora, todos los asuntos se resolvían exclusivamente con documentos que iban y venían, pero ahora lo más fuerte de las demandas se resolverá en audiencias orales.
Ese cambio ha implicado que la Corte habilite salas de juicios en todo el país, pues antes no existían.
Durante las audiencias, las partes presentarán sus alegatos y tendrán la posibilidad, incluso, de hacerse acompañar de peritos que expongan las pruebas.
Estas audiencias serán públicas, a menos que se declaren privadas por criterio del juez o a solicitud de alguno de los involucrados.
"Ahora usted tiene que escuchar la prueba ahí, verla desarrollarse, una prueba testimonial, una parte declarando, una prueba pericial. Imagínese un geólogo hablando en el juicio, estarlo escuchando y que los jueces puedan sacar información de lo que él dice, y las partes frente al juez. Todo eso es muy interesante”, explicó William Molinari, magistrado de la Sala I.
La expectativa es que la oralidad también permita reducir la mora judicial, que acumula 596.370 casos pendientes. La nueva metodología se aplicará por igual a los juicios nuevos y a aquellos que ya llevan meses o años de estarse tramitando.
De acuerdo con José Rodolfo León, juez propietario del Tribunal Segundo Civil en San José, magistrado suplente y corredactor del nuevo código, se estima que los casos más sencillos queden resueltos en un año o un año y medio, o inclusive menos, y que los más complicados pasen de hasta nueve años a unos tres años y medio.
Con el fin de acortar plazos, a partir de ahora, el dictado de sentencias tendrá plazo: cinco días después de que finaliza la audiencia para los casos más comunes, y 15 días para los extraordinarios.
Más herramientas para jueces: medidas cautelares, prueba y ejecución de la sentencia
El nuevo código también da nuevas potestades a los juzgadores para que resuelvan mejor y más rápido.
Se amplía el listado de medidas cautelares, y se abre la posibilidad de que el juez dicte las que considere necesarias, con mayor inmediatez.
Por ejemplo, si un vecino demanda a otro porque le impide abrir una salida para acceder a la calle, el juzgador puede ordenar que se le abra un paso provisionalmente, mientras toma la decisión final.
“Es un proceso para promover que la gente pida las medidas cautelares. Con el proceso viejo eran las típicas (embargos, anotaciones de demanda), en cambio ahora es mucho más abierto, más ágil. Es como una invitación: venga, le vamos a amparar con medidas cautelares”, dijo Molinari.
Durante el desarrollo de los casos, los jueces también podrán solicitar informes a entes públicos, como la Universidad de Costa Rica (UCR) o el Lanamme, con el fin de buscar segundas opiniones sobre temas técnicos.
Para la etapa final, de ejecución de la sentencia, se prevén mecanismos para que los juzgadores logren cerrar los casos eficientemente.
"Por ejemplo, hay ciertas sentencias que tienen contenido patrimonial, que yo las podría ejecutar aún cuando no estén firmes, o aún cuando se apelen o vayan a casación", explicó León.
Nuevos tribunales
Con la reforma, empezará a funcionar una nueva estructura de tribunales civiles de primera instancia. Se van a dividir en dos: unos tramitarán los procesos sumarios (abreviados) y otros se encargarán de los juicios ordinarios, que son los más complejos.
En el segundo tipo, estarán 12 Tribunales Colegiados de Instancia, los cuales son una figura jurídica completamente nueva.
Los juzgados, además, serán más especializados. Hasta ahora, lo usual ha sido que los jueces que trabajan en juzgados civiles tramiten también casos de materias como las laborales, contravencionales, de tránsito y familia.
Después del 8 de octubre, quedarán algunos mixtos, especialmente en zonas con cargas de asuntos bajas (como Upala, Puriscal y Turrialba), pero la mayoría estarán en comunidades céntricas y se dedicarán únicamente a casos civiles.
Es el caso de Heredia, por ejemplo, donde un solo juzgado absorberá todos los casos civiles que antes se veían en oficinas mixtas en Santo Domingo, San Rafael y San Joaquín. No obstante, los usuarios que tienen casos activos en esas oficinas podrán seguir yendo a ellas a consultar sus expedientes.
La Sala I busca la especialización también a través de la capacitación de sus jueces civiles.
"¿Eso en qué va a incidir? En una mejor calidad de justicia. Indiscutiblemente, la vamos a levantar. Y eso además va a incidir en los tiempos. Si usted es especialista, esperamos que resuelva también de manera más pronta un asunto complejo", señaló Molinari.
Menos instancias de apelación
La nueva estructura de tribunales trae consigo cambios en las posibilidades de apelar resoluciones en casos civiles.
Para empezar, independientemente del tribunal en que se tramite, cada caso tendrá solo una instancia de apelación de las sentencias.
En el caso de los juicios de sumario, los reclamos se podrán plantear al tribunal de apelaciones, el cual resolverá de manera definitiva. Ocurrirá lo mismo con las apelaciones sobre resoluciones de trámite.
Por otra parte, las sentencias de las querellas que se tramiten en los tribunales colegiados se apelarán directamente ante la Sala I, a través de un recurso de casación más sencillo que el vigente. Los reclamos de resoluciones sí pasarán a los tribunales de apelación.
De acuerdo con León, eliminar la instancia de apelación intermedia de los casos complejos permitirá que se reduzca su trámite hasta en dos años.
Molinari, además, explicó que el Código reduce significativamente las posibilidades de apelar resoluciones, con lo que se espera menos entrabamiento en los casos.
Dinamización de la economía
Molinari explicó que uno de los efectos principales que se esperan como efecto de la implementación de la reforma es la dinamización de la economía, a partir de la generación de confianza en los inversionistas.
Actualmente, el proyecto calificador Doing Business le da mala nota a Costa Rica en aspectos legales que inciden en el clima de negocios. Por ejemplo, en el ámbito de cumplimiento de contratos, donde el país ocupa el lugar 129 de 190.
“Un inversionista investiga cómo funciona el sistema jurídico nuestro, y si funciona el sistema judicial, porque si va a tener un problema serio, por ejemplo de carácter patrimonial, tiene que ver cómo se resuelve eso, si el sistema jurídico es sólido y si el sistema judicial en realidad le va a resolver eso pronto y de buena manera”, manifestó Molinari.
Millonaria inversión
A la Corte le quedan cuatro meses para prepararse. La sensación a lo interno es que están "casi listos".
El Poder Judicial tiene dos años y medio de estar invirtiendo en infraestructura, recursos tecnológicos y plazas, así como en la implementación del expediente electrónico y en capacitación de jueces y personal técnico. Solo a ese último rubro se han destinado ¢121 millones, de acuerdo con Nacira Valverde, directora de Planificación del Poder Judicial.
La Corte estima que durante el 2018, los gastos de operación de la jurisdicción civil, con el nuevo modelo, alcanzarán los ¢10.000 millones.
Según explicó Luis Guillermo Rivas, magistrado presidente, el costo de la Reforma debe entenderse como una especie de curva: mayor de lo normal al inicio, pero con tendencia a estabilizarse e incluso a generar ahorros a largo plazo.
"Cuando se introducen audiencias y se introduce oralidad y se le reduce el número de fases, también se reduce el número de personal. El número de personas auxiliares del juez es menor. En algún momento, aquí habrá una reducción de personal respecto al nuevo proceso", aseguró Rivas.