Representantes de los taxistas reiteraron, este miércoles, su solicitud de indemnización por las pérdidas sufridas por la operación irregular de las plataformas tecnológicas de transporte de pasajeros como Uber y Didi.
Además, señalaron la necesidad de que estas plataformas cobren la misma tarifa que los taxis, actualmente fijada en ¢910 por kilómetro por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Dichos planteamientos fueron presentados por Adrián Morales Gago, vicepresidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Taxis (Fenacootaxi), ante la comisión legislativa de Gobierno y Administración, donde se debate un proyecto del Gobierno que pretende uniformar las condiciones de operación de taxis y plataformas.
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La iniciativa propone requisitos como uniformes para operar y un precio mínimo para los viajes. Superada esa cifra, se permitiría una negociación de montos entre conductores y usuarios en un marco de libre mercado.
Aunque los taxistas participaron en la construcción del proyecto con el Gobierno y las plataformas, ahora se oponen a él.
De hecho, Morales Gago propuso un texto sustitutivo que regularía únicamente a Uber y Didi, permitiendo que los taxis continúen operando bajo las regulaciones actuales.
En su propuesta, plantea una indemnización para cada taxista, sin especificar montos o fuentes de financiamiento, argumentando que han sufrido una pérdida del 60% en sus ingresos desde la entrada en operación de las plataformas.
Sostuvo que miles de taxistas han dejado de operar y que el número de placas en circulación ha disminuido de 13.600 a 9.700.
También solicitó la implementación de una tarifa piso tanto para las plataformas como para los taxis, para que compitan en igualdad de condiciones en cuanto a precios.
Según él, la preferencia de los usuarios por las plataformas obedece, principalmente, a las tarifas más bajas que ofrecen.
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Ruben Vargas, secretario general de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), señaló que la propuesta del gremio no especifica montos para la indemnización porque la idea es que se determine a través de un peritaje.
Indicó que los recursos provendrían de los contribuyentes, es decir, del Gobierno y de las plataformas. Respecto a la tarifa piso, Vargas planteó que Uber y Didi cobren la misma tarifa de ¢910 por kilómetro fijada por Aresep, en lugar de los ¢400 que piden actualmente las plataformas.
El proyecto de Gobierno no contempla una indemnización para los taxistas, pero establece requisitos específicos para la operación tanto de ese servicio como de plataformas de transporte.
Entre ellos figuran el pago de permisos de operación, inscripción como trabajadores independientes y pago de impuestos sobre las ganancias.
Mujeres taxistas se oponen
Maribel Guillén Pérez, integrante de la Comisión Nacional de Organizaciones de Taxistas, expresó que mujeres taxistas se oponen a la redacción actual del proyecto gubernamental.
Guillén Pérez propuso modificaciones en áreas como impacto ambiental, infraestructura vial, seguridad de los usuarios, seguridad social y laboral de los conductores, la no discriminación de personas con movilidad reducida, implementación de políticas de género y rotulación de vehículos.
Además, abogó por la realización de estudios de impacto en la red vial, la evaluación de posibles congestiones en carreteras debido a situaciones de emergencia y un análisis detallado de la oferta y la demanda en el sector.
La dirigente argumentó que la adopción de un sistema de libre mercado, tal como lo propone el proyecto del Gobierno, puede dar lugar a la creación de monopolios o a una competencia desleal por parte de empresas que poseen una mayor capacidad instalada, mayor innovación tecnológica y niveles de producción más altos.