Un total de 12 organizaciones se inscribieron, ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con el objetivo de recibir autorización para desarrollar y difundir encuestas y estudios políticos de cara a las elecciones del 2022.
Para este jueves, seis empresas ya contaban con la autorización del TSE, mientras que seis seguían en análisis.
Ya recibieron el visto bueno la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Latina y el Programa Estado de la Nación, así como las empresas CID Gallup Latinoamérica S. A., Demoscopía y Opol Consultores y Comunicación.
En tanto, están pendientes de recibir la autorización el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (UCR), además de las empresas Latin Vector, Enfoques, Índice, Blanco y Sánchez Consultores S. A. y Territorial.
Los interesados tuvieron hasta este 27 de octubre para presentar la documentación respectiva, ante la Dirección General del Registro Electoral.
Según lo establece el artículo 138 del Código Electoral está prohibida la difusión de encuestas sin autorización del TSE. Para inscribirse, se debe cumplir con un conjunto de requisitos.
Las encuestadoras deben detallar las metodologías para la designación de los profesionales a cargo de las investigaciones y una carta de compromiso, así como aportar una certificación de una persona graduada en Estadística debidamente incorporada al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas.
Cuando se publique una encuesta o sondeo, las empresas deberán mantenerse en custodia todos los documentos que respalden el estudio con una ficha técnica donde se indique la cobertura geográfica, el tipo de muestreo, tamaño de la muestra, error de muestreo, nivel de confianza, entre otros datos necesarios para la transparencia y objetividad de las encuestas.
Además, se deberá de aportar al TSE la identificación de las personas físicas o jurídicas que contrataron el estudio, así como los medios de comunicación con los que se tenga convenios para divulgar los resultados.
Esta última condición fue incorporada por el TSE luego de que, en la segunda ronda electoral de 2018, se divulgaran encuestas de la firma Opol Consultores sin informar que fueron financiadas por el equipo de campaña de Fabricio Alvarado, entonces candidato de Restauración Nacional.
La encuestadora publicó seis estudios en los cuales Fabricio Alvarado aventajaba por más de 10 puntos porcentuales al actual presidente, Carlos Alvarado.
El Código Electoral establece multas para quienes incurran en publicar información como encuestas y sondeos de carácter político-electoral sin estar autorizados, o bien, después del periodo permitido. Las sanciones van desde los dos hasta los 50 salarios base, es decir, desde los ¢924.000 hasta los ¢23 millones.
Según establece el reglamento para las encuestadoras, en el caso de que se presente alguna denuncia por infracción en las encuestas o por irregularidades graves en su elaboración o difusión, el TSE valorará la admisibilidad de la gestión. Una vez admitida, se deberá́ remitir al Tribunal la información que se requiera, en un plazo máximo de tres días.
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