Líderes sindicales convocaron a una huelga general del sector público para el próximo 25 de abril en contra del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, iniciativa del Gobierno enfocada en combatir parte del déficit fiscal que enfrenta el Estado.
Así lo dieron a conocer este viernes lo máximos representantes de los colectivos gremiales Patria Justa y el Bloque Unitario Sindical Costarricense (Bussco), así como las Conferencias y Centrales Sindicales.
La medida se aplicará a escala nacional y conllevará la suspensión de los servicios públicos, aunque aseguraron que se procurará que no se vean afectados aquellos de carácter esencial.
"Todos los servicios se van a parar, salud, educación, municipales, los puertos, así que, prácticamente todo el país estará paralizado’’, aseguró el presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilberto Cascante.
El líder gremial pidió a los padres de familia que se preparen y ese día no envíen a sus hijos a los centros educativos. Además, convocó a los trabajadores y ciudadanos en general para que se sumen a una manifestación que empezará ese miércoles a partir de las 10 a. m. en el parque de La Merced y que se desplazará hasta la Asamblea Legislativa.
Por su parte, Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó a la ciudadanía que "no se enoje con los trabajadores que vamos a ir al movimiento, que más bien se adhiera".
Los sindicatos también mantienen el llamado a marchar el próximo 1.° de mayo, en la celebración del Día de los Trabajadores, fecha en la cual los nuevos 57 diputados asumirán sus cargos.
Después de esta demostración, advirtieron que se estarían realizando huelgas escalonadas durante el mes de mayo, que podrían durar hasta más de tres días.
El presidente de la ANDE aseguró que tomaron la determinación de irse a huelga luego de encontrar "las puertas cerradas", tanto en Casa Presidencial, como en el Congreso, en cuento a sus demandas de retirar el proyecto fiscal de la corriente legislativa y convocar una mesa de diálogo nacional.
La iniciativa de ley recibió el pasado martes el visto bueno de los diputados que conforman la Comisión Especial de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, encargada de analizar criterios y tramitar mociones de varios legisladores, respecto al proyecto fiscal.
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Luego de su votación en la comisión especial, los legisladores tienen dos días para preparar los dictámenes sobre el proyecto, sean afirmativos o negativos, y enviarlos al plenario, donde continuará el trámite el próximo martes 17 de abril con la presentación de mociones de fondo que se discutirán nuevamente en la comisión.
Si bien los congresistas tienen la esperanza de dejar aprobada la reforma fiscal, al menos en su trámite de primer debate, lo cierto es que el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, calcula que esa votación no se dará durante este periodo constitucional, sino que les tocará a los nuevos parlamentarios.
Con la aprobación de ese plan de fortalecimiento de las finanzas públicas, el Gobierno espera recaudar cerca de un 1,9% del producto interno bruto (PIB).