Siete diputados del PAC accedieron a cobrarle una retribución económica a su partido por trabajar en la campaña electoral, aunque en ocasiones anteriores desempeñaron esa labor de manera gratuita.
Según los legisladores, ellos aceptaron firmar contratos de servicios especiales, para las elecciones de febrero del 2010, a instancias de las autoridades del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Posteriormente, la agrupación le pasó las facturas al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a la hora de reclamar la deuda política.
Los diputados que cobraron servicios fueron Juan Carlos Mendoza, Yolanda Acuña, Jeannette Ruiz, Manrique Oviedo, Claudio Monge, Jorge Gamboa y Carmen Granados.
Mendoza y Ruiz cobraron contratos de ¢2,4 millones cada uno por ocho meses de trabajo (¢300.000 mensuales); mientras que Acuña cobró ¢1,8 millones por seis meses.
De los siete contratos, solo estos tres fueron reconocidos por el Tribunal de Elecciones. Los otros cuatro fueron rechazados.
Oviedo, Monge, Gamboa y Granados cobraron ¢5 millones. Al menos en el caso del primero, el contrato era por ocho meses de trabajo (¢625.000 mensuales).
Finalmente, ninguno de ellos recibió dinero. El PAC les canceló con bonos B, los cuales carecieron de valor después de las elecciones porque el Partido no recibió suficientes votos como para darles contenido económico a los certificados.
El grupo político ni siquiera les entregó los bonos, sino que se los dejó en custodia.
Tales contratos forman parte de los más ¢1.160 millones que el PAC reclamó dentro de la deuda política por servicios especiales, los cuales son investigados por el propio Tribunal (el cual solo reconoció ¢560 millones en ese apartado).
Razones. El diputado Mendoza afirmó que, en tiempo de campaña, él renunció a su puesto de asesor legislativo para trabajar al 100% en Montes de Oca y San José.
Cuando le propusieron el contrato, aseveró, lo consideró como un pequeño reconocimiento por un gran trabajo aunque sabía que la posibilidad de pago era mínima.
Por su parte, Acuña dijo que, si bien el PAC tenía más de una década de trabajar con voluntariado, sintió que el contrato le significaba un ahorro al Partido pues el monto mensual era muy bajo por todo el trabajo de organización.
¿Hubiese cobrado los bonos si se hubiesen hecho efectivos? “Una opción era cobrarlo, otra era hacer lo que quisiera o, como decía Figueres, comprarlo en confites”, dijo.
Por su parte, Oviedo dijo: “Siempre habíamos trabajado sin cobrar, más bien pagábamos. Como era la tercer campaña había en la gente una especie de agotamiento y reclamaban que no iban a seguir poniendo, yo no lo vi mal, lo vi como forma de devolver el esfuerzo”.
Gamboa agregó que, desde el principio, anunció que donaría al Partido un eventual pago. “Yo fui muy claro: ‘a mí no me entreguen, el bono, no me entreguen nada’. Mi trabajo fue voluntario”.
Otros cuatro diputados no cobraron contratos. Tal es el caso de Carmen Muñoz, quien dijo que tuvo el documento en sus manos y desistió de él porque suponía tareas extra de organización que ella no podía asumir.