El presidente de la Asamblea Legislativa, Henry Mora, incurrió en vicios de inconstitucionalidad al aprobar el Presupuesto Nacional del 2015, pese a que la mayoría de los diputados había votado en contra del proyecto, en primer debate.
Así lo sentenciaron ayer, por mayoría, los magistrados de la Sala IV ante una consulta de 14 legisladores.
Según informó el tribunal constitucional, las decisiones del jerarca legislativo lesionaron el principio democrático y los derechos de los diputados.
El 20 de noviembre, en el plenario legislativo, los congresistas primero rechazaron los tres dictámenes de la Comisión de Asuntos Hacendarios que pretendían recortar el plan de gastos. Aun así, el día 25, Mora sometió el proyecto a votación en primer debate y este fue rechazado con un resultado de 26 votos negativos y 25 positivos.
Pese a ello, Mora, legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC), emitió una resolución en la cual dio por aprobado el Presupuesto con el argumento de que un Gobierno no se puede quedar sin un plan de gastos.
Cuatro días más tarde, el 29 de noviembre, una mayoría de 27 congresistas aprobó el plan de ¢7,9 billones en segundo debate.
En criterio de la Sala Constitucional, dos resoluciones del presidente de la Asamblea que permitieron la aprobación del proyecto contienen vicios que atropellaron el procedimiento legislativo, en cuanto al orden y a la secuencia del debate.
Consultado ayer, Henry Mora afirmó que es respetuoso de las resoluciones de la Sala IV y que le encantaría saber las razones de la sentencia.
Insistió en que él se fundamentó en el artículo 178 de la Constitución Política, según el cual el Presupuesto debe estar aprobado a más tardar el 30 de noviembre de cada año.
“Era una resolución inédita, tal vez esto nos dé luces para aclarar cuáles reformas se requieren en la Constitución para que los procedimientos queden claros”, manifestó el jerarca, quien agregó que también se basó en actas de la Asamblea Constituyente de 1949, así como en un criterio de Servicios Técnicos.
El plan de gastos de Luis Guillermo Solís enfrentó críticas e intentos de recorte hasta de ¢300.000 millones, debido a que es un 19% mayor que el del año pasado y a que creció cinco veces más que la inflación.
Hubo dos votos salvados. Por un lado, la magistrada Nancy Hernández concluyó que la falta de aprobación en primer debate produjo la nulidad de todo el proceso, mientras que Fernando Cruz alegó que el proceso fue debidamente subsanado.
Está vivo. Pese a la sentencia, el Presupuesto sigue vigente porque mediante una consulta de constitucionalidad no se puede declarar ilegal una ley vigente.
Para anular el plan de gastos, se necesitaría recurrir el Presupuesto mediante una acción de inconstitucionalidad, lo que tardaría cerca de un año, dijo Antonio Álvarez Desanti, diputado de Liberación Nacional (PLN).
Gerardo Vargas, legislador socialcristiano, dijo que el riesgo fue advertido: “El señor presidente legislativo insistió y hoy cosecha lo que sembró. No hay que ser doctor en Economía para darse cuenta de que 26 es más que 25 ni doctor en Derecho para darse cuenta de que en varias etapas se violó la Constitución”.
“Quisiera que el Gobierno ahora sí tenga la humildad para sentarse a dialogar y hacer una rebaja al presupuesto mediante una rebaja extraordinaria que les dé tranquilidad a ciudadanos, a calificadoras de riesgo”, añadió.
Gerardo Vargas, jefe del Frente Amplio, dijo que el fallo es solo sobre el procedimiento y no cambia las razones de fondo que su partido tuvo para apoyar el plan.