El salario de los empleados del Estado es un dato público y no puede ser catalogado como información personal de acceso restringido.
Así lo consideró la Sala IV en resolución a un recurso de amparo interpuesto en setiembre del 2013 por el periodista Alejandro Fernández contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Fernández solicitó a la Caja el histórico de los salarios de sus empleados entre 1990 y el 2013 para realizar un trabajo de análisis de datos; empero, la entidad condicionó su entrega a la creación de una base de datos digitalizada con la información que requería. La CCSS tiene todos esos registros en papel.
En la sentencia 2014-4031 del 21 de marzo anterior, los magistrados de la Sala consideraron que en el caso de los salarios públicos, prevalece el principio de publicidad administrativa sobre el derecho a la intimidad.
"Tales sueldos son pagados con fondos públicos, por lo que se justifica su divulgación en virtud de los principios de transparencia y del control de las finanzas de la Administración", sostiene la resolución de los magistrados.
También, la Sala Constitucional declaró que cuando una información es pública, ningún ciudadano está obligado a justificar ante la Administración las razones por las que solicita los datos.
"El Estado tiene el deber de informar al administrado acerca de sus actuaciones y progresivamente hacer accesible la información que se encuentre en su poder mediante los medios tecnológicos de que disponga", continúa el fallo.
Los magistrados otorgaron a las autoridades de la Caja el plazo de un mes para que avise a Fernández sobre el tiempo en que tardarán para crear la plataforma informática que necesitan, el tiempo que tardarán en entregarle la información y el costo que Fernández deberá asumir.
Consultado sobre la resolución, Fernández dijo que aunque el fallo es favorable, la Sala está legitimando que el Estado transfiera a los ciudadanos es costo de la digitalización de la información pública.
"Esa es la mala noticia del fallo. La Sala IV está legitimando que el Estado transfiera a los ciudadanos (el costo) la digitalización de la información pública. Eso hace que la idea del Gobierno Abierto, promovida por las Naciones Unidas, la OCDE y diversas organizaciones sea un sueño, algo imposible. Interpreto que ya no existe un incentivo a que las instituciones digitalicen datos de 1990 a la fecha", indicó Fernández.
Agregó: "Ellas (las instituciones públicas) tenderán a esperar a que un ciudadano como yo las solicite y le dirán que tiene que pagar alguna suma por eso. Si el ciudadano no paga, los datos quedarán en papel. Eso limita, per se, el acceso a la información pública. Impone una barrera".
José Luis Valverde, director de comunicación organizacional de la CCSS, indicó que el fallo es razonable y que la entidad siempre ha estado anuente a que el salario de sus más de 50.000 empleados sean conocidos en el momento que se requiera.
"En incontables ocasiones hemos tramitado ante la dependencia de Recursos Humanos los requerimientos formulados por los periodistas de los distintos medios de comunicación, en el caso particular de la solicitud aludida, el recabar esa información histórica es muy distinto a la que se genera día a día que puede ser suplida con celeridad, lo otro demanda un trabajo más laborioso al que hay que dedicar horas funcionario que lógicamente tiene un costo que debe ser sufragado", consideró Valverde.
Según el representante de la Caja lo anterior debido a que constitucionalmente no pueden destinar personal de otras áreas a labores distintas a la naturaleza de sus puestos.
El tema de los salarios de los empleados públicos se pone en discusión nuevamente luego de un estudio sobre desigualdad social presentado ayer lunes por la oficina local del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), concluyera que los ingresos de los patronos y empleados públicos crecieron en los últimos 10 años.
Además, en una publicación del 17 de febrero anterior de La Nación, se reveló que los empleados del Gobierno Central y de las instituciones autónomas ganan entre un 23% y un 50% más que los del sector privado.
Nota del redactor: Información actualizada a la 1:35 p. m. con la posición de la CCSS.