La Sala IV ha salido a desmentir tres afirmaciones del ministro de Justicia, Gerald Campos, en menos de dos años.
La más reciente ocurrió el pasado 7 de febrero, cuando los magistrados informaron de que no habían ordenado una compra masiva de computadoras para privados de libertad, como lo aseveró el ministro durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial.
Campos dijo que un fallo de la Sala Constitucional ordenó darle una computadora con acceso a Internet a cada reo del país.
La sentencia a la que el jerarca hizo referencia no dice tal cosa. Se trata de la resolución de un recurso de amparo, emitida el 2 de febrero, en la que se ordena garantizar a los reclusos la posibilidad de consultar electrónicamente sus expedientes.
Según la Sala, la resolución no significa que la Administración debe realizar una “compra masiva” de equipo ni implica “la entrega individual o sin regulación” de los equipos tecnológicos, sino que se proporcione a los privados de libertad los medios para ver sus expedientes.
Fernando Castillo, magistrado presidente de la Sala IV, declaró que, “bajo ninguna circunstancia”, es posible presumir que la resolución ordene la entrega de equipos de cómputo a todos los privados de libertad. “Esa afirmación no corresponde a la verdad”, dijo.
El caso de la Ley de Empleo Público
El 11 de octubre del 2023, el Tribunal Constitucional lamentó que el ministro de Justicia y el presidente Chaves indicaran, erróneamente, que una resolución de la Sala impedía despedir funcionarios corruptos.
Campos manifestó que los magistrados emitieron una medida cautelar, con motivo de una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley de Empleo Público, la cual impedía al Ministerio de Justicia destituir a un policía penitenciario acusado de introducir marihuana a una cárcel.
La Sala IV emitió un comunicado aclarando que no existía tal medida cautelar y reafirmando que el Estado podía destituir a funcionarios que cometieron faltas. No obstante, Campos alegó que el Tribunal del Servicio Civil (TSE) emitió una circular en la que informó de que los procesos quedaban suspendidos.
El pasado 15 de febrero, el Tribunal del Servicio Civil (TSC) confirmó a todas las instituciones públicas que no existe impedimento alguno y pueden concluir los procesos disciplinarios.
El Ministerio de Justicia argumentó que, en esa ocasión, actuó conforme se lo indicó el TSC.
El tema de las requisas
El 3 de octubre del 2022, el ministro de Justicia indicó a La Nación que no podía realizar más operativos de máxima seguridad para encontrar celulares, drogas y armas debido a una orden de los magistrados de colocar cámaras en el cuerpo de todos los policías.
Se refería a la resolución de un recurso de habeas corpus, del 9 de agosto de ese año, en el que la Sala IV solicitó las autoridades de la cárcel La Reforma usar “equipo de grabación portátil suficiente a efectos de filmar, almacenar, registrar y documentar todas las intervenciones, requisas y recuentos que se lleven a cabo”.
Antes de esa sentencia, la Sala había establecido, en varias ocasiones, que los oficiales deben grabar los decomisos y otros operativos que realicen en las celdas, lo que no impide la realización de operativos ni exige comprar una cámara para cada oficial. Así lo explicó en aquella ocasión el presidente del Tribunal, el magistrado Fernando Castillo.