La Sala IV declaró inconstitucional el proyecto de Ley para el ejercicio sustentable de la pesca semiindustrial camaronera en Costa Rica, práctica conocida como pesca de arrastre.
Los magistrados constitucionalistas determinaron que durante el trámite del proyecto de ley ocurrió un vicio sustancial de procedimiento, que anuló la aprobación de la iniciativa en primer debate.
El argumento principal de los altos jueces fue que, producto de ese vicio sustancial de procedimiento, los diputados realizaron una discusión "sin sustento en estudios técnicos y científicos que respaldaran el proyecto", se lee en el comunicado de prensa que emitió el Poder Judicial este viernes a las 4:30 p. m.
"La Sala enfatizó la necesidad de que existan estudios técnicos y científicos idóneos para determinar que el proyecto cumpla con una reducción significativa de la captura incidental en la pesquería de arrastre que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático", argumentó el tribunal constitucional.
El voto de mayoría de la Sala fue firmado por cinco magistrados contra dos que no consideraron que existiera el vicio de procedimiento señalado.
La Casa Presidencial, opuesta durante la administración del presidente Carlos Alvarado a la pesca de arrastre, comunicó que considera preocupantes las consecuencias que el fallo acarreará para los pescadores afectados.
"Por esta razón, la atención de los impactos sociales y económicos que derivan de la extinción de estas licencias de pesca, tanto para los pescadores como para las personas que trabajan en el proceso, será una prioridad que deberá ser atendida con mucha responsabilidad", se lee en un pronunciamiento solicitado por La Nación.
"Debemos ahora enfocarnos en buscar alternativas de reconversión productiva dentro del mismo sector y brindar el necesario acompañamiento técnico para recuperar estos puestos de trabajo en actividades pesqueras alternativas, o en otras actividades conexas. En esto trabajaremos con esmero y mucha responsabilidad", concluyó la Presidencia.
35 diputados le habían dado el voto
La iniciativa de ley que ahora deberá volver al Parlamento para que los diputados tomen una decisión sobre su trámite se aprobó el 20 de marzo con 35 votos a favor y 7 en contra; este plan reforma la Ley de Pesca y Acuicultura para autorizar el uso de redes de arrastre para la extracción de camarón y langostinos.
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En aquel momento, durante el pasado periodo constitucional 2014-2018, el proyecto recibió el respaldo de las bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC), una minoría de Acción Ciudadana (PAC), del Movimiento Libertario y de Renovación Costarricense, así como de Restauración Nacional y minoritariamente del Frente Amplio.
Fue el resto de la bancada frenteamplista la que promovió la consulta de constitucionalidad para que la Sala IV determinara si el proyecto rozaba o no con la Carta Magna.
El proyecto obliga a los pescadores a utilizar los dispositivos excluidores de peces y tortugas y que estén sujetos a las regulaciones técnicas y científicas. La propuesta también busca revivir la entrega de licencias para la pesca de camarón costero y camarón de profundidad.
Todo el proceso de discusión se desarrolló bajo la presión de unos 500 pescadores camaroneros de Puntarenas.
En el pasado reciente, la propia Sala había arremetido contra la práctica.
En el 2013 alegó que, con base en estudios científicos, tuvo por demostrado que esa técnica de extracción provoca serios daños al ambiente marino debido a la cantidad de pulpos, peces pequeños, rayas, anguilas, cangrejos y demás fauna marina que queda atrapada accidentalmente en las redes, pero que no es utilizada para el consumo humano.
La Sala había alegado también que la pesca de arrastre incide de forma negativa en un desarrollo democrático del aprovechamiento de los recursos marinos, pues la práctica acaba con peces juveniles, lo cual disminuye las posibilidades para los pescadores artesanales.
A pesar de esos criterios, el gobierno de Luis Guillermo Solís revivió la práctica en noviembre del año pasado, al tiempo que los diputados tramitaban el proyecto de ley que hoy la Sala declaró inconstitucional.
El argumento del gobierno anterior fue que el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) logró garantizar que los pescadores que utilizan la práctica utilizaran dispositivos para reducir la captura incidental de otras especies marinas, y que demostraran con estudios científico-técnicos la reducción de ese tipo de capturas, condiciones que la Sala puso en el 2013 para permitir la reactivación de la pesca de arrastre.
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Sin embargo, desde la campaña política pasada el ahora presidente de la República, Carlos Alvarado, se opuso a la técnica pesquera por considerarla como nociva para el medio ambiente y prometió que durante su Gobierno la pesca de arrastre mediante redes no se fomentará.