En un mismo día, los educadores desfilaron en caravana contra reducciones salariales, los alcaldes circularon por las calles aledañas a la Asamblea Legislativa para evitar recortes presupuestarios, los dueños de bares protestaron frente a Casa Presidencial para abrir sus locales, los propietarios de lavado de autos reclamaron a las afueras del condominio donde vive el presidente de la República y familias caminaron por vías de la ciudad de Puntarenas para exigir casa propia.

Son peticiones muy diversas, pero todas tienen la misma causa: la crisis económica provocada por la pandemia.

En los últimos días, las manifestaciones se incrementaron, pero no son un ingrediente nuevo en medio de la pandemia.

De acuerdo con un informe del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, entre el 5 de marzo y el 15 de mayo ocurrieron 101 acciones de protesta.

El análisis estableció tres ejes para categorizar las manifestaciones: condiciones sanitarias, condiciones laborales y coyuntura económica.

En el primer grupo están, por ejemplo, las familias que protestaron, semanas atrás, por el faltante de agua en Hatillo, San José.

En el segundo ubican a trabajadores públicos y privados que presentan reclamos diversos como equipo de protección para el personal médico o el descontento por la restricción vehicular.

En el tercer escalón, están grupos empresariales disconformes por el impacto de las medidas sanitarias sobre sus negocios.

Este jueves, el presidente Carlos Alvarado declaró, al ser cuestionado sobre el aumento en manifestaciones: “Creo que en una democracia, como corresponde, una forma de expresar puntos de vista es a través de la manifestación respetuosa y entiendo que estamos en un momento difícil y que diferentes sectores quieran expresar sus puntos de vista; me parece que eso es sano en una democracia.

“Yo escucho cuáles son esas posiciones. Dicho eso, he sido enfático, desde hace semanas, que vivimos un momento difícil y a todos se nos van a demandar esfuerzos extraordinarios y eso es lo que vendrá en las próximas semanas y meses”.

Otro grupo que adquirió relevancia en los últimos días son los alcaldes, quienes mueven hilos políticos para evitar disminución en sus presupuestos y amenazan con la “sublevación” de comunidades debido a las restricciones sobre el comercio y otras actividades económicas.

La mejor muestra de ello la dio Tobías Murillo, alcalde de Garabito, quien la semana pasada protestó por la condición de alerta naranja de su cantón y aseguró que no respetarían las medidas del Ministerio de Salud. Luego, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) le quitó el estado naranja.

El mandatario agregó que distingue dos grandes tipos de manifestantes: los que piden trabajar y los que piden que no se les quite beneficios.

En ese sentido, hizo un llamado para que todos los actores sociales evalúen sus condiciones y expresen qué cosas están dispuestos a ceder.

‘Es más preocupante la presión económica’

Gilberth Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense, comentó que el Magisterio Nacional está dispuesto a colaborar para salir de la crisis, pero les preocupa el proyecto que propone la reducción de jornadas de un 15% a los funcionarios con salarios superiores a ¢1,5 millones por mes.

“Esto es el inicio, la gente estaba temerosa de protestar debido a la pandemia, pero es más preocupante la presión económica y los proyectos que se impulsan desde la Asamblea Legislativa en dirección a afectar a los trabajadores públicos”, recalcó el dirigente sindical.

José Manuel Umaña, especialista en Administración Pública de la Universidad Nacional, manifestó que se debe distinguir entre los manifestantes que reclaman trabajar, abrir sus negocios o reivindicar luchas sociales y los que solo buscan generar caos.

“En esa categoría encontramos grupos que no tienen pocas cosas en común, lo único que tienen en común es su rechazo visceral contra el Gobierno. Entonces dicen: ‘desobedezcamos, generemos protesta, generemos caos, hay que golpear todo lo que se pueda', la consigna de ellos es golpear sin tener una luz al final del túnel”, dijo Umaña.

Carlos Carranza, politólogo de la UNA, aseveró que es urgente que los más afectados sean tomados en cuenta a la hora de plantear alternativas de solución.

“También hay que entender que hay regiones más deprimidas y requieren acciones más fuertes para salir de la emergencia (...) Hay que buscar una negociación con todos los grupos y tener una capacidad muy dinámica”, concluyó.