Desde hace tres meses la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) aplica una ley aprobada por la anterior Asamblea Legislativa, que elimina el millonario aporte al fondo de ahorro de sus empleados, que es cargado a los precios de las gasolinas y el diésel.
Juan Manuel Quesada, presidente de la Refinadora, indicó que desde el el pasado 24 de mayo, cuando entró en vigencia la legislación, la institución dejó de realizar los aportes que superaban los ¢130 millones mensuales, unos ¢1.560 millones en 12 meses.
El cese de las transferencias la aplicó el jerarca pese a la existencia de un criterio negativo de la Dirección Jurídica, indicando que no se podía aplicar la Ley N°. 10.246, y que aún estaba pendiente la respuesta de la Procuraduría General de la República (CGR) a consultas planteadas por él sobre la implementación de la reforma.
“Esta Administración sí la aplicó y dejó de realizar aportes al fondo de ahorro de los trabajadores, actuaciones que han sido avaladas y confirmadas por la Procuraduría General de la República, en su criterio vinculante PGR-C-179-2022 del 24 agosto de 2022″, respondió Quesada a consultas de La Nación.
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La Ley N°. 10.246 la aprobaron los anteriores diputados, a finales del mes de abril, al término del cuatrienio legislativo. Consiste en una reforma al artículo 3 de la ley 8847 que da personalidad jurídica al Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de los Trabajadores de Recope.
La convención colectiva 2021-2024, firmada por los trabajadores con la institución, establece que el capital del fondo está compuesto por el aporte patronal del 6,5% de su planilla mensual y del 5% aportado por los trabajadores.
Durante la discusión de la iniciativa de ley, su impulsor, el exdiputado socialcrisiano Erwen Masís, sostuvo que a pesar de la existencia de la obligación desde 1978, solo se tienen registros de los aportes desde 1999, que, a junio del 2020, alcanzaron los ¢54.661 millones, para un promedio de ¢2.610 millones al año.
La reforma elimina esa contribución de Recope. Indica que, una vez entrada en vigencia, el fondo se nutrirá con la contribución personal de los empleados, los bienes producto de su giro normal y los demás bienes y derechos que adquiera el fondo.
Sin embargo, Quesada le consultó a la PGR si puede una legislación formal, como la aprobada, derogar tácitamente una norma contenida en la convención colectiva vigente.
Además, el jerarca le consultó al abogado del Estado si debe interpretarse, si con la promulgación de la Ley N° 10246 se derogó tácitamente el inciso b) del artículo 125 de la Convención Colectiva de Trabajo de Recope 2021-2024 que detalle la fuente de financiamiento del fondo.
De acuerdo con su jurisprudencia y de la Sala Constitucional, la PGR aclaró la supremacía de una ley sobre una norma convencional pactada anteriormente, como ocurre en este caso, por sujeción al principio de jerarquía normativa.
“Imponiéndose así la preeminencia de la Ley sobrevenida, y a futuro, respecto del convenio colectivo previamente pactado, como sería el caso que nos ocupa”, indicó la PGR.
Además, la Procuraduría dijo que el objetivo de la Ley N° 10.246, claramente, es el de derogar el aporte de Recope al fondo de ahorro de los trabajadores.
Para ello, citó varios hechos del proceso de aprobación legislativa en las que el exdiputado frenteamplista José María Villalta, por ejemplo, intentó que se mantuviera el aporte de Recope.