La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) intentó recortar recursos por ¢2.500 millones al programa de ataque a la pobreza Puente al Desarrollo, pero no cosechó el apoyo necesario y los fondos obtuvieron el visto bueno de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
La idea era abrir el debate sobre la efectividad de los programas para atacar la pobreza, ante dudas externadas por la Contraloría General de la República, explicó la tarde de este martes la diputada del PLN Paulina Ramírez.
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"La Contraloría señala que no se tienen claros los resultados del programa y se presentó moción para tener esa discusión, somos una oposición responsable y queremos conocer los criterios de selección de los beneficiarios de esta iniciativa", afirmó Ramírez.
La verdiblanca dio un matiz electoral al intento de presentar la moción de recorte, el cual, afirmó, fue una decisión de bancada.
"El candidato del PAC (Carlos Alvarado) está haciendo campaña con un programa de gobierno, queremos saber sobre los criterios utilizados para la selección de los distritos, pues en un análisis sobre estos, de los 53 distritos con nivel muy bajo, solamente fueron seleccionados 17, mientras de los 158 con nivel bajo, tan solo 30 fueron seleccionados, mientras se incluyeron 28 con nivel medio. Ya estamos a tres años y es justo el proceso de rendición de cuentas sobre los dineros utilizados y los resultados obtenidos", dijo.
La discusión se dio en medio del debate de comisión del presupuesto extraordinario por ¢79.000 millones que pasará ahora al plenario legislativo.
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Molestia y extrañeza
La propuesta causó molestia y extrañeza en el Poder Ejecutivo, donde cuestionaron la forma en que el PLN buscó abrir la discusión de un tema como la lucha contra la pobreza.
"Sería muy doloroso que 27.300 familias que se iban a sostener con estos recursos supieran que por una decisión política que se da en la Asamblea Legislativa ellos no puedan continuar con un proceso para mejorar su calidad de vida", opinó la vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, coordinadora del Consejo Presidencial Social, encargado de la implementación de los programas de Puente al Desarrollo.
El viceministro de la Presidencia, y enlace entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, Luis Paulino Mora, dijo estar extrañado por la posición del PLN.
El jerarca defendió Puente al Desarrollo como "un programa consolidado y bien articulado, que además ha demostrado ser eficiente".
El PANI y el aumento de ¢47.000 millones
El otro tema agudo en la discusión del presupuesto extraordinario fue el aumento en el plan de gastos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) por ¢47.000 millones, para la contratación de personal y reforzamientos de áreas de atención a menores.
En la discusión del Presupuesto Nacional de la República en noviembre pasado, los legisladores de oposición evitaron la aprobación de estos recursos, y prefirieron redirigirlos a temas de seguridad.
Sin embargo, un fallo de la Sala IV señaló que los fondos del PANI, que son presupuestados a través de leyes específicas, deben respetarse. Por eso, en el nuevo presupuesto extraordinario se incluyó la partida.
Aún así, el PLN planteó una posición crítica frente al giro de estos recursos, que se utilizarán en la contratación de 845 nuevos funcionarios para el PANI.
Ramírez cuestionó la capacidad de la institución para ejecutar el dinero y contratar al personal que se ha anunciado.
"Es necesario conocer la ruta crítica, la planificación y la programación de las inversiones, debe quedar claro cómo se destina un rubro para contratar 846 personas sin equipo ni edificios (...). No estamos quitando plata, estamos buscando que su distribución sea óptima en todos los programas del PANI”, dijo Ramírez.
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Por su parte, la diputada de la Unidad Social Cristiana (PUSC) Rosibel Ramos puso en tela de duda la capacidad de ejecución del Patronato y advirtió que la mayoría de esos recursos terminarían como parte de un superávit a final del año.
No obstante, la diputada Marcela Guerrero, del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), defendió el giro de los recursos, y advirtió que existe un mecanismo de revisión con la Tesorería Nacional. Así, ningún fondo saldría hacia el PANI sin que exista una justificación técnica para su ejecución.
Una semana atrás, la presidenta del PANI, Laura León, defendió frente a los diputados la asignación de recursos y recalcó que, de los ¢47.000 millones por girar, ¢9.000 millones se usarán para plazas. Agregó que el 88,77% de esas plazas corresponden a programas de "servicios y apoyo técnico".
Actualmente, el PANI cuenta con 1.082 funcionarios; la creación de 845 puestos elevaría la cantidad a 1.927, según los datos presentados este martes ante la Comisión.