Desde una declatoria de emergencia nacional hasta acabar con el clientelismo político. Estas son dos de las principales ideas del Frente Amplio y de la Unidad Social Cristiana para combatir la pobreza extrema.
El candidato del Frente Amplio, José María Villalta, dijo que atacar la pobreza extrema pasa por un emitir un decreto para declararla emergencia nacional.
Esta propuesta la hizo durante la presentación de su programa de gobierno, el 28 de noviembre, en el Gran Hotel Costa Rica.
Según Villalta, la declaratoria permite unir todos los esfuerzos de las instituciones públicas para solucionar el problema.
El aspirante del FA emitiría una directriz para que el presidente de la República sea el encargado de manejar los recursos para la combatir la pobreza. Así lo estipula su programa de gobierno en la página 15.
“El presidente de la República ejercerá de forma directa la rectoría de las instituciones y ministerios que integran el sector social para garantizar una estrecha coordinación, su acción mancomunada y para ampliar su cobertura y calidad”, se afirma en el texto del FA.
A los hogares que el ingreso no les alcanza para comprar la canasta básica alimentaria se les clasifica en pobreza extrema.
La pobreza extrema afecta a 339.000 personas, según el último estudio del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Propuesta rojiazul. El plan de gobierno del candidato socialcristiano, Rodolfo Piza, destaca que se debe eliminar el clientelismo político en la asignación de los programas sociales para combatir la pobreza. ¿Cómo? Mediante mecanismos más eficientes de control de las ayudas.
Piza no hace un señalamiento exclusivo para la pobreza extrema, sino que aborda el tema, de forma general, en la página 24 de su programa de gobierno.
La iniciativa rojiazul también promueve la creación de fuentes de trabajo como mecanismo para mejorar las condiciones de vida de las personas.
Fernando Marín, ministro de Bienestar Social y Familia, dijo que el clientelismo ha disminuido, aunque no se ha erradicado.
“El clientelismo en los programas que son financiados con Fodesaf y el IMAS se ha ido reduciendo y prácticamente no existe, porque son programas que se han institucionalizado y los jerarcas no tienen discreción para aplicar asistencia”, comentó Marín.
El Gobierno desarrolla programas sociales financiados por Fodesaf, con un presupuesto de ¢500.000 millones anuales.