San José
La bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) no respaldará con sus votos el proyecto de ley que trasladaría hasta 6.000 docentes del sistema de pensiones de la CCSS al del Magisterio Nacional, por el golpe financiero que significaría para el primero y para el Gobierno.
El jefe de fracción del PUSC, Gerardo Vargas Rojas, advirtió de que su partido siempre ha estado en contra del proyecto 17.561 que propuso en el 2009 la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) para devolver educadores que cotizan para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) al de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.
Rojas afirmó que la posición del PUSC se basa en los costos económicos que el traslado de los educadores generará al Estado, dejando un hueco en las maltrechas finanzas del Gobierno, al pasar a los docentes a un sistema de jubilaciones con mejores condiciones (en el régimen de educadores, por ejemplo, el monto de la pensión equivale a un 80% u 85% del promedio de los últimos mejores salarios; en la Caja, es un 65%).
El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, comunicó a los diputados que el traslado de los educadores tendría un costo de ¢11.000 millones por año. Ante la Comisión Plena Primera de la Asamblea Legislativa, que tiene el proyecto en su agenda desde hace cuatro años, explicó que el Estado tendría que desembolsar hasta ¢535.000 millones en un periodo de 40 años.
Adicionalmente, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) informó de que, si 6.000 docentes se salen del sistema solidario del IVM, este perdería ¢50.000 millones afectando las reservas previstas para el resto de la población.
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"Aunque el proyecto tiene buenas intenciones, causa un desequilibrio en las finanzas que no podemos respaldar. Hacemos un llamado a la coherencia y a la conciencia a las bancadas legislativas que sí están a favor de este proyecto. Nuestra posición siempre ha sido en contra de esta propuesta desde el primer instante y así la hemos dado a conocer", afirmó.
La diputada socialcristiana Rosibel Ramos apuntó sus batería contra el Partido Liberación Nacional (PLN), que tenía un acuerdo interno previo para apoyar el proyecto de ley. Ramos sostuvo que las bancadas que apoyen ese plan son irresponsables
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"Por la crisis fiscal que vive el país nos parece una irresponsabilidad porque, si no se toman decisiones clave, vamos hacia el abismo y consideramos que el traslado de esos 6010 pensionados significa un golpe importantísimo para el país", estimó la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
William Alvarado, representante del PUSC en la Comisión Plena Primera, afirmó que su bancada es del criterio de que el plenario debe discutir una moción de avocación para que el proyecto regrese para su discusión al plenario.
"En ese debate deben participar la mayoría de fracciones y de diputados por la trascendencia que tiene en materia financiera. Comprendemos la situación de los educadores, pero el tema se debe analizar con mayor detenimiento y buscando las fuentes de financiamiento sanas", afirmó el diputado.
Según Marco Vinicio Flores, docente y coordinador de la Comisión Interinstitucional de Pensiones que cabildea la aprobación de la iniciativa en el Parlamento, la mayoría de los educadores que aceptaron trasladarse del régimen del Magisterio al de la Caja, en 1995, lo hicieron "engañados" o "por accidente", por lo que considera justo devolver a los educadores al régimen magisterial.
Versiones distintas en Liberación. En tanto, el PLN tuvo este lunes una reunión sobre el tema. Después de la cita, los diputados salieron a la prensa con versiones diferentes.
La jefa de fracción, Maureen Clarke dijo que el grupo tomó la decisión de no apoyar la iniciativa después de oír el criterio financiero de las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), al no haber seguridad de cuántos educadores serían trasladados de régimen y cuál sería el costo de ese traslado
"La explicación que nos dieron los funcionarios de la Caja es que no es fácil hacer ese reintegro económico al ingresar el Magisterio y si los trasladados tendrían que cotizar. Como no está claro el panorama, vamos a votar en contra la moción de avocación para que el tema se mantenga en la Comisión Plena Primera y que los diputados voten de acuerdo con los números que tengan a la mano en ese momento", explicó.
Por su parte el diputado Antonio Álvarez Desanti indicó que la fracción verdiblanca tomó este lunes el acuerdo de votar en contra la reforma al régimen del Magisterio, después de estudiar los costos financieros sobre los que alertó el Poder Ejecutivo.
"Resulta ser una propuesta insostenible desde el punto de vista fiscal y el acuerdo de no apoyar la reforma está vigente para toda la fracción", dijo.
Y Juan Marín, verdiblanco que preside la Comisión Plena Primera, dijo que los diputados de su partido tienen posiciones divididas sobre la conveniencia o no de respaldar el traslado de régimen para los 6010 educadores.
En riesgo ahorro en pensiones
El expediente 17.561 podría borrar, en un abrir y cerrar de ojos, el ahorro conseguido en julio pasado con las reformas a los regímenes de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional aprobadas en la Asamblea Legislativa.
De ser votada a favor la propuesta de trasladar a los educadores, que actualmente estudia la Comisión Plena Primera, el Gobierno tendría que desembolsar hasta ¢11.000 millones por año, lo que representa poco más de la mitad del ahorro que el Ministerio de Hacienda proyecta tener con los cuatro planes de ley aprobados en julio.
Estas iniciativas recortan el gasto estatal con la finalidad de lograr un ahorro anual cercano a los ¢21.000 millones en las finanzas públicas.