Como parte de las cuatro medidas anunciadas por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, para mitigar el impacto del incremento en el precio de los hidrocarburos, el pasado miércoles se publicó en el diario oficial La Gaceta el decreto que elimina el subsidio de los combustibles al asfalto y la emulsión asfáltica.
Si bien el mandatario reconoció que esta modificación no tendrá un impacto significativo en las tarifas de las gasolinas, aseguró que lo más importante es no cargar al resto de consumidores un subsidio a materiales utilizados para construir carreteras, obras públicas y privadas.
Dicho subsidio fue creado en 2016. En ese entonces se ordenó, con base en la política sectorial energética, regular el precio del asfalto y la emulsión asfáltica, para que mantuvieran niveles similares a las tarifas entre 2008-2015.
Así, menciona la norma modificada, las diferencias que se generaban en el precio de venta del asfalto eran trasladadas al precio de venta del resto de productos que vende la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Cuando se crearon esos beneficios, en 2016, la Refinadora tenía 14 clientes que compraban asfalto y 16 que adquirían la emulsión. “La mayoría son compañías constructoras de carreteras, además del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y algunas municipalidades”, señalaba la política.
Dicha política fue justificada por la administración de Luis Guillermo Solís de la siguiente forma: “Resulta de mucho interés para el Gobierno regular su precio para evitar que las carreteras del país sufran un mayor deterioro, y como consecuencia, la flota vehicular requerirá más mantenimiento preventivo, correctivo, el cual no se cubrirá con pequeñas rebajas en el precio de la gasolina y el diésel generados por el ajuste en el precio del asfalto”.
Presidencia no detalló cuál será el impacto de la eliminación de esos beneficios al asfalto en las tarifas de las gasolinas. Ahora, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) deberá incorporar esta nueva variable a la fórmula para aprobar el próximo ajuste tarifario.
El Gobierno decidió mantener el subsidio al gas licuado de petróleo y búnker. Al respecto, justificó: “El GLP y el búnker son combustibles que tienen incidencia tanto en la población nacional como en la competitividad del sector productivo”.
Alegó que para 2021 el GLP representó el 8,6% del total de energía consumida por la industria, mientras que el búnker fue el 11,7%. Asimismo, señaló que, según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), 794.000 familias usan el gas como fuente de energía, lo que representa a un 16% de los hogares costarricenses.
A pesar de que eliminó el subsidio de los combustibles al asfalto, el Poder Ejecutivo solicitó a la Aresep crear otro subsidio, esta vez de las gasolinas al diésel, de manera que este último baje en ¢100 por litro.
Mientras el Poder Ejecutivo continúa esa ruta, el Congreso presiona para que la administración Chaves aplique una rebaja al impuesto único a los combustibles.
Un total de 41 diputados, incluyendo una legisladora del partido en el poder, aprobaron el pasado miércoles una moción para solicitarle al Gobierno que convoque el proyecto de ley del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) que reduciría el impuesto único a los combustibles.
La propuesta de la Unidad fue secundada por los partidos Liberación Nacional (PLN), Nueva República (PNR), Liberal Progresista (PLP) y Frente Amplio (FA), aunque estas últimas bancadas manifestaron reparos sobre el fondo de la iniciativa.
María Marta Padilla fue la única legisladora del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) que votó a favor.
La iniciativa socialcristiana establece una reducción de ¢100 al impuesto que se cobra sobre los combustibles. Dicha medida generaría un hueco en los ingresos del Gobierno de ¢224.000 millones, según datos de Hacienda.
El PUSC tiene una propuesta alterna para que la reducción del impuesto sea de ¢50 en el impuesto sobre el diésel y de ¢25 en el de las gasolinas. Sin embargo, esta también le dejaría pérdidas al fisco, por unos ¢80.000 millones.