Un proyecto de ley legalizaría la eutanasia activa y pasiva para personas con enfermedades en fase terminal. El procedimiento sería permitido solo para pacientes con un pronóstico de vida igual o menor a seis meses. Además, se aplicaría de manera voluntaria, según el plan Ley sobre Muerte Digna y Eutanasia (expediente 22.743) presentado el pasado 19 de octubre, en la Asamblea Legislativa, por la diputada independiente Paola Vega.
El proyecto establece el derecho a los pacientes en estado terminal a recibir información del personal médico sobre su diagnóstico, pronóstico, las alternativas disponibles y propuestas terapéuticas de atención paliativa, así como los riesgos y consecuencias en caso de rehusar el tratamiento propuesto u ofrecido.
Adicionalmente, se prevé el derecho a pedir un segundo criterio, a participar en las decisiones y a rechazar tratamientos o medios artificiales que prolonguen su vida y que tengan un impacto negativo grave en su calidad de vida.
En cuanto a la eutanasia activa, esta tendría que ser solicitada ante el médico tratante a través de los lineamientos que determine la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) vía reglamento, quien valorará la condición de enfermedad terminal.
“El consentimiento debe ser expresado de manera libre, informada e inequívoca para que se aplique el procedimiento para garantizar su derecho a morir con dignidad”, expone el plan. En cualquier momento, la persona podría desistir de la eutanasia y buscar otras alternativas.
Para acceder a la eutanasia activa, se considerarán válidos los documentos de voluntades anticipadas o testamento vital. Este último es un documento en el que la persona manifiesta de manera anticipada su voluntad en cuanto a posibles intervenciones médicas en procesos de salud, enfermedad y muerte, para el momento en que ya no pueda expresar su voluntad.
“El consentimiento debe ser expresado de manera libre, informada e inequívoca para que se aplique el procedimiento para garantizar su derecho a morir con dignidad. El consentimiento puede ser previo a la enfermedad terminal cuando el paciente haya manifestado, antes de la misma, su voluntad en tal sentido.
“Los documentos de voluntades anticipadas o testamento vital, se considerarán manifestaciones válidas de consentimiento y deberán ser respetadas como tales“, indica el proyecto de ley.
En cuanto a la eutanasia pasiva, esta es la “omisión intencionada de un tratamiento terapéutico necesario, indicado y proporcionado a solicitud de la persona paciente”.
Para ello, se requerirá del testamento vital con la voluntad previamente expresada por el paciente.
El testamento vital deberá formalizarse por escrito ante notario público y se requerirá de la presencia de dos testigos. Este podrá ser revocado en cualquier momento por la persona que lo suscribió de forma verbal o escrita según sus posibilidades y también deberá hacerlo ante testigos.
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Si se trata de un paciente adulto en estado inconsciente, en estado de coma o sin capacidad cognitiva y que no ha suscrito un testamento vital, el proyecto propone que las decisiones las tomen sus familiares cercanos, como hijos, cónyuge o pareja, o bien, los familiares consanguíneos más cercanos.
Para la diputada Paola Vega, la sociedad costarricense no puede “seguir volteando la cara” a este tema, en vista de que fracasó una iniciativa anterior.
“La razón de volverlo a meter fue que la comisión de derechos humanos no se tomó la tarea de tan siquiera comenzar un debate; el proyecto estuvo completamente detenido en la comisión; no se empezó ni siquiera a debatir, a tener audiencias, a escuchar a los pacientes en estado terminal, que desean la eutanasia o a médicos expertos para ir eliminando tabúes sobre el tema.
“Lamentablemente, la Asamblea Legislativa adoptó una posición muy conservadora de no querer abrir ni siquiera la discusión, mayoritariamente con criterios particulares, criterios religiosos, que son del ámbito personalísimo de cada quien, y que no deberían ser los que guían la discusión política”, manifestó Vega.
Según la congresista, el texto tiene mejoras en comparación con su proyecto anterior del 2019; en esta ocasión, se incorporaron criterios de Servicios Técnicos de la Asamblea legislativa y algunas observaciones puntuales.
La iniciativa de ley también prohibiría el encarnizamiento terapéutico por parte del personal tratante. Quien incurra en esta práctica, se expondría a una sanción por parte del colegio profesional al que pertenezca; además, afrontaría un procedimiento administrativo en la institución en la que labora.
El encarnizamiento terapéutico son procesos en los cuales se opta por medidas médicas desproporcionadas que no conducen a una mejoría en la persona con enfermedad en fase terminal, sino a retrasar su proceso de muerte.
En Costa Rica, la eutanasia no está permitida por la Ley. Es penalizada por el artículo 116 del Código Penal, que la llama ‘homicidio por piedad’.
En diciembre del año 2014, los exdiputados Antonio Álvarez Desanti y Carlos Manuel Arguedas Ramírez, ambos del Partido Liberación Nacional (PLN), presentaron el proyecto de “Ley sobre muerte digna de pacientes en estado terminal”, el cual se tramitó bajo el expediente 19.440 en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales, y se archivó el 6 de agosto de 2018.
En 2015, el Colegio de Médicos se pronunció a favor de la eutanasia pasiva al decir que es un “derecho del paciente”. También se pronunció a discutir ética y profesionalmente del anterior proyecto de Vega en el 2019.
Para su nuevo proyecto la diputada indicó que recibió el apoyo de grupos de la sociedad civil, médicos que creen en el tema de la eutanasia.
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