El Gobierno envió ayer a la Asamblea Legislativa un proyecto para reformar la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), el cual le pondría límites a las investigaciones de ese cuerpo policial.
El plan prohibiría a este brazo del Ministerio de la Presidencia influir de manera ilegal en la situación política, social, institucional y económica del país, así como en la vida de las personas, los partidos políticos, los medios de comunicación u otros grupos organizados.
Además, la iniciativa le impediría actuar motivado por razones ideológicas, políticas o electorales en detrimento de los derechos y garantías individuales o colectivos.
El proyecto transformaría la DIS en la Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional (DIEN) y mantiene como su objetivo investigar para prevenir amenazas a la integridad y estabilidad del Estado, ya sea provenientes de otros Estados, organizaciones o personas.
También define como la inteligencia del Estado “el proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de información, dirigido a los Poderes del Estado para la toma de decisiones de carácter preventivo o correctivo”.
No obstante, al igual que en la ley actual, el plan no especifica a cuáles medios podría recurrir la DIEN para desempeñar su labor de inteligencia. El artículo 101 le encargaría “toda actividad necesaria para garantizar su objetivo”.
Además, conserva la confidencialidad de sus operaciones a una policía que fue cuestionada, por ejemplo, por hacerle anotaciones secretas a un periodista que tramitaba la obtención de la nacionalidad costarricense en el 2009.
A principios del 2013, también trascendió que la DIS infiltró un policía en una manifestación de trabajadores contra una empresa haciéndose pasar por periodista.
La Ley General de Policía establece hoy que las operaciones de la DIS son secretas. Con la reforma, las investigaciones de la DIEN serían confidenciales por un periodo máximo de 20 años.
Sin embargo, el director podría hacer públicos algunos casos finalizados si considera que su divulgación no constituirá una amenaza para el país ni para “los medios, métodos y fuentes” de la Dirección.
La DIEN quedaría obligada a mantener un registro de sus investigaciones, así como de las órdenes de operación que registren cada una de sus actividades.
El proyecto asume una clara responsabilidad sobre la figura del ministro de la Presidencia en torno al funcionamiento de la DIEN. Él sería el encargado de verificar que el órgano cumpla con las actividades que le encomienda, junto con el presidente de la República.
Mariano Figueres, director de la DIS, sostuvo que la intención de la reforma es que la ciudadanía se sienta más segura y que ya es hora de que el país tenga una cultura nacional de inteligencia.
Para el legislador Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, el proyecto es decepcionante pues, en su criterio, mantiene una policía política al servicio de la Casa Presidencial.