La diputada Floria Segreda, del Partido Restauración Nacional, plantea que el castigo máximo para los femicidas se aumente de 35 a 50 años de prisión.
En Costa Rica, se cataloga como femicidio el acto de dar muerte a una mujer con quien se tiene una relación de convivencia o matrimonio. La propuesta de Segreda extendería dicha calificación a los asesinos que sean amigos o novios de la víctima.
La restauracionista plasmó su propuesta en un proyecto de ley que presentó en agosto y para el cual su fracción pide trámite rápido. La intención de Segreda es que el cambio disuada a los agresores de cometer los crímenes.
La legislación vigente castiga los femicidios hasta con 35 años de cárcel, la misma pena que se aplica a los homicidios calificados. Estos últimos incluyen, por ejemplo, los homicidios de menores de edad, de familiares y aquellos en los que se evidencia ensañamiento con la víctima.
“Espero que por lo menos piensen que son 50 años, la pena máxima (...). Creo que es la única forma de que entienda la gente, yo creo que estos desgraciados deberían estar de por vida en la cárcel”, afirmó la legisladora.
Segreda pide apoyo para su plan de reforma a la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres en un año en el que se han registrado nueve asesinatos de mujeres, en los que el elemento central fue el género de las víctimas.
Según el Observatorio de Género del Poder Judicial, seis de esos asesinatos los cometieron las parejas de las víctimas (Adriana, Karla, Marlene, Aracelly, Flor y Vilma) y tres los perpetraron homicidas que no convivían con las mujeres (Danaysha, Carolay y María Luisa).
La estadística no contabiliza, de momento, el crimen de de Allison Pamela Bonilla Vásquez.
El proyecto de Segreda propone que la valoración del tiempo en prisión de los femicidas se pondere según “la forma en que se cometió el homicidio”. De acuerdo con Segreda, se sopesaría, por ejemplo, si de previo hubo violencia, insinuaciones o acoso.
Restauración Nacional informó de que el plan iniciará su trámite en la Comisión Legislativa de la Mujer. Ahí, de entrada, hay dudas sobre lo eficaz que pueda ser un aumento en las penas, si la idea es reducir los femicidios.
Por ejemplo, la legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC) Nielsen Pérez, quien preside el foro, dijo: “No estoy de acuerdo en principio, pero sí quiero dar esa discusión en forma integral, y producto de esa discusión podría variar mi criterio”.
La oficialista argumentó que la solución a la crisis de violencia contra las mujeres “es absolutamente integral” y no pasa por una pena más fuerte, la cual, de todas formas, no considera que vaya a disuadir directamente a los agresores.
Un criterio similar lo expuso la socióloga Monserrat Sagot, del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
“Hay muchos estudios en muchas partes del mundo, incluso donde hay pena capital y no parece tener relación el que existan penas más altas o pena capital con una disminución de cierto tipo de delitos, sobre todos los muy violentos”, dijo Sagot.
La especialista añadió que la experiencia internacional también señala que los pasos para reducir la violencia contra las mujeres no solo toman muchos años, sino que también requieren “cambios muy fuertes en la sociedad”. Citó, por ejemplo, la reducción de brechas económicas y sociales entre hombres y mujeres.
En opinión de Sagot, la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres sí requiere una reforma integral que contenga castigos específicos para los asesinatos que el Observatorio del Poder Judicial cataloga como “femicidios ampliados”.
Esta otra categoría incluye, según el Observatorio, “las muertes violentas de mujeres, por género, en donde no había una relación de matrimonio o unión libre: ejemplo, las muertes durante el noviazgo, después de un divorcio, luego del cese de una unión de hecho y las que ocurren en ámbito público, a raíz de un ataque sexual, entre otros”.
De momento, la Asamblea tramita una reforma propuesta por la liberacionista Aida Montiel, la cual también catalogaría como feminicidios las muertes de mujeres a manos de sus novios o exnovios.
Montiel puso en duda la viabilidad de la propuesta de su colega restauracionista. Afirmó que, para darle mayor protección a las mujeres, se requiere que la policía tenga como prioridad la actuación rápida cuando tenga reportes de violencia contra alguna mujer.