La persona que asuma la Presidencia de la República el 8 de mayo del 2022 deberá encontrar la fórmula para pagar ¢9,6 billones de deuda pública durante los cuatro años de su gobierno, una cifra inédita en los últimos 20 años.
Esta cantidad de dinero equivale a cuatro veces el presupuesto del sector educación para el año 2022. Visto de otro modo, la deuda consumirá en el próximo periodo presidencial una cifra similar al gasto total del Gobierno Central en el 2020.
Estos datos se refieren al rubro de amortización de deuda, es decir, a la devolución del dinero que un acreedor le prestó al Ministerio de Hacienda al expirar el plazo pactado. Las cifras no incluyen el pago de intereses por el dinero prestado, otro de los grandes disparadores del gasto público.
Un análisis macroeconómico elaborado por la firma Consejeros Económicos y Financieros S. A. (CEFSA), con base en información del Ministerio de Hacienda, estimó que el país afrontará vencimientos de deuda por $15.400 millones (¢9,6 billones) entre el 2022 y el 2026.
Solo en el 2023, por ejemplo, el Gobierno deberá devolver sin falta los $1.000 millones obtenidos mediante la colocación de eurobonos hace 10 años durante la administración de Laura Chinchilla.
Esa apenas será una de las obligaciones, pues ese año los vencimientos de deuda ascenderán a $4.160 millones, el monto más alto de la historia reciente de Costa Rica. Para el año siguiente, el 2024, el panorama no será menos duro, pues el país tendrá que pagar otros $4.100 millones.
CEFSA elaboró una proyección sobre los vencimientos de deuda hasta el año 2031. Los datos muestran una tendencia clara: la próxima administración afrontaría el escenario más crítico. Esa realidad, que se agravó progresivamente con los años, estrujará la inversión en salud, educación, seguridad e infraestructura.
Los vencimientos del 2023 equivalen a 1,8 veces el mayor monto que debió afrontar la administración Chinchilla, en el 2011.
Daniel Ortiz, director ejecutivo de CEFSA, explicó que existe la posibilidad de canjear bonos con los acreedores cuando estos venzan. El canje consiste en negociar con los acreedores del Estado nuevas condiciones en cuanto al plazo, la tasa y otras condiciones de los bonos.
Sin embargo, Ortiz advirtió de que esa alternativa no existe con los $1.000 millones de los eurobonos. “En 2023, hay un vencimiento de eurobonos y los eurobonos nunca se canjean, se pagan porque eso es deuda internacional y lo que se tiende a canjear siempre es la deuda local”, aseguró.
La segunda complicación, según el presidente de CEFSA y exministro de Hacienda, Fernando Naranjo, es que será muy complicado canjear los bonos de deuda interna: “El Gobierno va a querer canjear los bonos en el mercado local, pero con las tasas de interés actuales es muy difícil que vaya a lograrlo. Creo que irremediablemente no le va a quedar alternativa que hacer un ajuste en las tasas de interés y buscar canjes de deuda, por lo menos en el mercado local.
“Otra cosa es que hay países en América Latina, como México o Colombia, que tienen rendimientos de títulos parecidos a Costa Rica, pero con menor riesgo y una rentabilidad más alta. Este es un problema que no se ha discutido, pero que eventualmente puede ser un tema delicado.
“Entonces bueno, podría darse eventualmente —y esa es una de las preocupaciones que el Gobierno debe tener muy presente— una salida de capitales, no por razones especulativas, simplemente por rentabilidad”, advirtió Naranjo.
Los economistas señalaron que el financiamiento del Gobierno dependerá de los siguientes desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que están sujetos a que el país supere las revisiones sobre el avance de la agenda de equilibrio fiscal aceptada por Costa Rica.
No obstante, estos proyectos tienen un mal pronóstico en la Asamblea porque les empezó a caer la guillotina legislativa ante la falta de discusión en las comisiones.
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Impuestos para el servicio de la deuda
Para el exministro, Fernando Naranjo, otro de los retos que tiene el próximo Gobierno es cómo recuperar espacio para invertir en gasto social, ante los elevados niveles de deuda.
“El gran problema que tenemos los costarricenses, y que va a tener el próximo gobierno, es que atender solo el pago de intereses de esa deuda pública demanda un 34% de los impuestos que pagamos los costarricenses. Eso significa que el Gobierno está gastando menos en educación, menos en salud, menos en infraestructura, en mantenimiento de carreteras, entre otros.
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“El tema es primero cómo revertimos eso, porque realmente lo que queremos los costarricenses es decir ‘bueno, está bien, pagamos impuestos, pero el Gobierno tiene que darnos a cambio más servicios’. Y hoy en día estamos pagando más impuestos, pero no estamos recibiendo más servicios, sino que casi que únicamente estamos pagando las deudas del pasado”, afirmó Naranjo.
Según el Ministerio de Hacienda, un 47% del presupuesto nacional del 2022, presentado a la Asamblea Legislativa, se consumirá en el servicio de la deuda pública.
Compromisos pesados en el corto plazo
El análisis financiero elaborado por CEFSA también advierte de que, para los próximos cinco meses, Costa Rica debe pagar vencimientos de deuda considerables por ¢1,4 billones, es decir, unos $2.190 millones.
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, dijo estar optimista sobre esas obligaciones con los acreedores, debido a que una parte del monto total ya se encuentra reservada.
“Son vencimientos sobre los cuales ya estamos trabajando. De hecho, una buena parte la tenemos reservada para el respectivo pago”, aseguró el jerarca.
Al 19 de setiembre pasado, Hacienda registraba en sus cuentas cerca de $1.750 millones entre dólares y colones. De acuerdo con Ortiz, el Gobierno tiene holgura en estos momentos, pero el verdadero desafío viene hacia adelante.
“Se ha logrado quitar mucha presión que se tenía este año, pero la situación sigue en 2022, 2023 y hacia adelante. Mucho de lo que teníamos para este año se ha ido logrando colocar al segundo semestre de 2022, 2023 y 2024”, afirmó el economista.
El jerarca de Hacienda detalló que el panorama del pago de vencimientos lo tienen controlado en el corto plazo, pero a mediano o largo plazo dependerá del éxito de la agenda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“¿Si eso representa una carga o un peligro para las finanzas públicas? Bueno, eso es también lo que hemos venido planteando y precisamente para eso tenemos una hoja de ruta.
“En el corto plazo diría que no representa un peligro para las finanzas públicas. En el mediano y largo plazo lo que se ocupa es precisamente es disminuir la cantidad de deuda, hacer la deuda sostenible.
“Y ahí es dónde entra en juego todo el ajuste fiscal que hemos estado hablando durante casi un año a partir del acuerdo alcanzado con el FMI”, insistió Villegas.