Varios directores habrían violado el deber de probidad en enero del 2016 al modificar la composición de las juntas de BN Valores, BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) y BN Corredora de Seguros, para nombrarse en ellas; a esa conclusión llegó Procuraduría de la Ética, según un documento en poder de este periódico.
Esa medida les habría permitido cobrar más dietas. Por cada sesión de junta en las subsidiarias, habrían recibido ¢202.800. Dichos cuerpos directivos se reúnen al menos dos veces al mes.
Hace nueve meses la Procuraduría de la Ética le envió una evaluación ética de lo sucedido al Consejo de Gobierno, para que tomara decisiones al respecto.
A la fecha, Casa Presidencial no ha tomado una decisión, pues no ha concluido con su proceso de investigación.
En detalle. A principios del 2016, La Nación publicó que los directores Ana Isabel Solano (presidenta del BN), Jorge Méndez, Víctor Carranza, Jennifer Morsink y Luis Pal modificaron la composición de las directivas de las sociedades anónimas para autonombrarse en estas.
Los directores Luis Pal y Jorge Méndez habrían integrado cuatro juntas directivas, por ejemplo, mientras que Ana Isabel Solano en cinco. Sin embargo, los funcionarios renunciaron a las sociedades dos meses después.
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El deber de probidad es el que obliga al funcionario público a orientar su gestión a la satisfacción del interés público y a administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia. Así lo establece el artículo tres de Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito, cuya violación puede acarrear hasta una destitución.
La Procuraduría abrió una investigación confidencial en marzo de 2016 contra directores de apellidos Solano, Carranza, Pal, Méndez, Herrera y Ruiz. De la investigación se libró el directivo Víctor Ramírez, que se opuso a la decisión de la mayoría.
Como parte de la investigación, Casa Presidencial recibió en agosto del año pasado, seis informes de la Procuraduría que fueron conocidos por el Consejo de Gobierno en setiembre, y cuyas conclusiones aparecen en el acta de sesión del 6 de ese mes, de la cual este medio tiene copia.
"Indica la Procuraduría que estos informes los pone en conocimiento del Consejo de Gobierno con el propósito de que proceda conforme a derecho y valore la apertura de un procedimiento administrativo para establecer la eventual responsabilidad disciplinaria que podría corresponder en contra de los funcionarios, por presuntas transgresiones al deber de probidad", se lee en el acta.
El criterio de la Procuraduría dio paso a la apertura de procedimientos ordinarios administrativos en contra de seis directivos, cuya resoluciones están dictadas desde abril, sin que el Consejo haya emitido un acto final.
En 15 meses de investigación, Casa Presidencial no ha emitido un acto final con posibles sanciones para estos casos, aunque lo harán "próximamente", respondieron ante la consulta de La Nación.
"Los miembros de la junta directiva objeto de investigación presentaron varias pruebas documentales, testimoniales y periciales, lo que convirtió a cada expediente en un caso de complejo de análisis y ha requerido un mayor tiempo para su estudio. Adicionalmente, hay que considerar que el Consejo de Gobierno sesiona una vez a la semana y éste no es el único tema pendiente en agenda", informó la Casa Presidencial en una respuesta por medio del departamento de prensa.
El Banco Nacional también confirmó que no ha habido una comunicación en ese sentido, mientras que la Procuraduría aún resguarda el informe, pues no han sido informados de algún acto final que permita la liberación del informe.
Casa Presidencial también recibió un criterio de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) que detectó vicios en lo actuado por los directivos, pues incumplieron el Código de Gobierno Corporativo del Banco, aprobado por ellos mismos, al nombrar más de dos directivos en las sociedades anónimas del banco estatal.
Pese a los argumentos de la Procuraduría y la Sugef, los directivos Méndez, Solano, Carranza y Pal interpusieron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional y un recurso de apelación ante el Consejo. Ambos reclamos fueron rechazados.
Seis normas
Según estos informes, de carácter vinculante y confidenciales hasta que Zapote tome una decisión, los actos analizados por la Procuraduría podrían configurar responsabilidad administrativa para estos funcionarios públicos, según lo contemplado en seis normas, entre leyes, reglamentos y códigos.
En dichas normas se destaca la violación al deber de probidad, las sanciones por esta falta, al tiempo que se explican que son los deberes de objetividad y parcialidad, el conflicto de intereses y los principios éticos del Banco.
En el acta, no se precisa en cuáles de esas violaciones habría incurrido cada funcionario, en criterio de la Procuraduría, sino que las menciona de forma general.
De la Ley contra la Corrupción, la Procuraduría destacó el artículo 4, que habla sobre la violación al deber de probidad: "sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, constituirá justa causa para la separación del cargo público sin responsabilidad patronal".
Entre otras normas mencionadas por la Procuraduría, se encuentra la directriz D-2-2004-CC sobre principios y enunciados éticos de la Contraloría General de la República (CGR), la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, el Código Procesal Civil, y el Código de Conducta del Conglomerado Banco Nacional de Costa Rica, en lo que se refiere a los valores organizaciones, principios éticos y conflicto de interés.