Dos procuradores de la República desarmaron el argumento con el que la diputada Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC), pretendió defender a la canciller de la República, Epsy Campbell, ante los cuestionamientos por los polémicos nombramientos efectuados por la jerarca en la Cancillería.
Vega intentó desmentir una información publicada este jueves por La Nación, según la cual Campbell omitió corroborar con la Procuraduría General de la República la legalidad de una de sus designaciones, a pesar de que la Dirección General del Servicio Civil le recomendó hacerlo explícitamente.
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Al mediodía, en la sesión de la comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, la diputada de gobierno aportó el documento PV-2018-00138 para alegar que la canciller sí consultó sobre el tema al procurador general, Julio Jurado.
Se trata de un oficio enviado por Campbell al procurador el 28 de julio, después de haber nombrado a la diplomática Carolina Fernández como directora adjunta de Política Exterior ese mismo mes, como si se tratara de un puesto de confianza, en lugar de ajustarse a los requisitos del Estatuto del Servicio Exterior.
Con este oficio, Vega quiso hacer constar, ante los diputados de la Comisión, que la canciller sí intentó validar el nombramiento ante la Procuraduría, incluso antes de que se lo sugiriera el director del Servicio Civil, Alfredo Hasbum, el 24 de octubre.
“Que quede claro que Epsy Campbell presentó la consulta, para que quede constancia. Y no se diga que no se consultó”, afirmó la legisladora. Incluso, cuestionó por qué la Procuraduría no le respondió a la también vicepresidenta de la República.
No obstante, minutos después, en la misma comisión, el procurador general Julio Jurado y el procurador adjunto, Luis Guillermo Bonilla, determinaron que ese documento no era consulta jurídica, sino descargos que Campbell envió para defender los nombramientos como cargos de confianza.
"Este documento no es una consulta. Este documento no es una consulta propiamente. Tendría que revisar las fechas”, afirmó Bonilla ante la sorpresa de los asistentes en la Comisión.
Luego de cinco minutos de análisis, dados por la Comisión para que los procuradores revisaran el documento, Julio Jurado también certificó que el oficio de la canciller no era una consulta jurídica, sino un “documento de descargo” sobre sus actuaciones.
“Es como un documento de descargo. (Es) la posición de la señora canciller sobre este tema, pero no está formulando ninguna consulta específica a la Procuraduría”, añadió Jurado.
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Al consultarle este medio por qué aportó ese documento como si fuese una consulta, la diputada Paola Vega respondió: “No sabía que no era una consulta”.
En el mes de julio, Campbell también nombró, como un cargo de confianza, a la directora de Política Exterior, Adriana Murillo. Y, en noviembre, con el mismo procedimiento, colocó a Adriana Solano como directora de Cooperación Internacional.
Esta semana, trascendió un criterio de la Procuraduría General, el cual contradice la tesis que utilizó Campbell para hacer estas designaciones.
En respuesta a una consulta de la diputada Ana Karine Niño, la Procuraduría expuso que los cargos de directores en Cancillería no pueden ser nombrados como cargos de confianza, sino ajustados a los requisitos establecidos en el Estatuto del Servicio Exterior. No obstante, este criterio no es vinculante porque la consulta no la hizo la institución.
Presidencia informó de que, ahora sí, se procederá a consultar formalmente para actuar conforme se indique.
La diputada Vega también aportó un segundo documento enviado por Campbell a Armando López Baltodano, procurador de la Ética Pública.
Se trata del oficio DM-632-2018, del 26 de octubre, en el que la canciller y primera vicepresidenta también emite su criterio sobre lo que ella considera correcto en cuanto a los nombramientos de funcionarios de confianza. Este tampoco era una consulta jurídica.
Luego de este capítulo en el Congreso, la Cancillería envió un comunicado de prensa, al final de la tarde, en el que alega que, mediante los dos oficios citados por Paola Vega, lo que la canciller hizo fue ponerse a disposición de la Procuraduría General y la Procuraduría de la Ética, así como la Fiscalía General, ante los cuestionamientos públicos.