Luego de estar al frente de la Procuraduría de la Ética por 10 años, el abogado Gílberth Calderón, de 55 años, se jubila con un llamado al gobierno de Luis Guillermo Solís para que cumpla su promesa de campaña y se apruebe la reforma legal para que los criterios de esa dependencia sean vinculantes. El siguiente es un extracto de su conversación con La Nación .
Ante su salida, ¿qué queda pendiente de resolución?
La Procuraduría de la Ética tiene a su cargo dos áreas de trabajo importantes, que son los asuntos en la vía penal y los de vía administrativa. En los casos penales, la Procuraduría trata de coadyuvar con el Ministerio Público, pidiendo la indemnización civil a las empresas y los funcionarios públicos corruptos. En esta área pretendemos condenas en casos muy importantes, como en el caso de los reaseguros del INS; hoy en día estamos atentos al proceso del exministro Roberto Dobles por el caso Crucitas; también está el caso de la trocha, donde esperamos las pruebas que aporte el OIJ, y con el tema de Judesur en la zona sur y del exdiputado Jorge Angulo.
¿Y en lo administrativo?
A la Procuraduría también le corresponde tramitar las denuncias por actos de corrupción. Tenemos pendientes 30 denuncias por resolver, de 115 que entraron este año. Aquí destacan algunas en contra de, por ejemplo, la viceministra de Cultura (Elena Quesada) por el nombramiento fallido del director del Consejo de la Persona Joven, hay otra denuncia contra la presidenta de Japdeva (Ann MacKinley) por el tema de los pagos a los funcionarios que estuvieron en huelga, y un caso por un eventual conflicto de intereses contra el jerarca del MOPT (Carlos Segnini). Son temas fuertes que están a cargo de procuradores muy responsables.
¿Cuál es el caso más fuerte en los últimos 10 años?
En materia penal, los casos que nos marcaron e inauguraron y que nos ayudaron para posicionarnos ante los costarricenses fueron los juicios de los expresidentes (Rafael Ángel Calderón [1990-1994] y Miguel Ángel Rodríguez [1998-2002]). Allí la Procuraduría tuvo un papel importante en el cobro del daño social, donde trabajamos, hombro con hombro, con la Fiscalía (…).
Cuando habla de cobro por daño social, ¿a cuánto asciende lo que han logrado recoger?
En los juicios penales, la Procuraduría de la Ética ha trabajado, de forma paralela, al Ministerio Público, para tratar de cobrarles a los funcionarios corruptos o a las empresas que impulsen esa corrupción. Al día de hoy, han entrado a las arcas del Estado alrededor de $22,5 millones, como resultado de una demanda civil. Lo que pasa es que las leyes de Costa Rica no son muy claras en cuanto a esas sanciones.
¿Y en lo administrativo?
En el caso de las denuncias que no son en la vía penal, el caso relevante, por las personas que estaban involucradas, fue el que resolvimos por las cartas de recomendación que emitieron el exvicepresidente de la República, Luis Liberman, y el entonces ministro de Educación, Leonardo Garnier.
Pero, a diferencia de ICE-Alcatel y de Caja-Fischel, sus recomendaciones no fueron tomadas en cuenta por la expresidenta, Laura Chinchilla. De hecho, ella archivó las resoluciones.
Claro, sí. Bueno, al ver hacia atrás, esa es una de las grandes lagunas que tuvo la ley que creó la Procuraduría de la Ética, pues sus criterios no tienen la vinculancia ni la fuerza necesaria. Al día de hoy, nosotros seguimos convencidos de que estos dos funcionarios emitieron las cartas de recomendación de manera indebida, en favor de un oferente en un proceso de contratación administrativa. Sin embargo, la ley no establece que nuestros informes sean vinculantes.
Usted está de salida, pero ahora llega un gobierno del PAC, cuya propuesta histórica se ha basado en el rescate del país y de la ética. ¿Se ha reunido alguien del Gobierno con usted para ofrecerles un proyecto que fortalezca y haga vinculantes los criterios de la Procuraduría?
Desde el 8 de mayo, nosotros no hemos tenido contacto con nadie del Gobierno. Conozco y sé de algunos esfuerzos importantes que está haciendo el Gobierno por medio de la viceministra de la Presidencia (Ana Gabriel Zúñiga) para la rendición de cuentas, pero para fortalecer la Procuraduría de la Ética, al día de hoy, no he tenido contacto con nadie.
Pero esta es la oficina anticorrupción del Gobierno.
Mire, la Procuraduría de la Ética nació como la oficina anticorrupción del Estado costarricense ni siquiera del gobierno de turno. El Estado se ha comprometido en foros internacionales a crear una oficina que vele por el ejercicio ético y transparente de la función pública. A pesar de eso, le reitero, no he tenido contacto con nadie de Casa Presidencial.
¿Qué pasó con la promesa de que los criterios de la Procuraduría sean vinculantes?
Nada ha pasado. Al día de hoy, no hay ningún proyecto que se haya presentado ni se nos ha pedido que apoyemos en esa línea. Están otros proyectos que nos interesan, como la regulación a la violación de la ética y probidad de los diputados, que es un mandato de la Sala IV que les dio 36 meses a los diputados para hacerla, y nunca la aprobaron.
¿Qué espera de esta oficina a futuro?Que se siga consolidando, fortaleciendo, que se le de su lugar dentro del ejercicio de la función pública. La Procuraduría de la Ética es parte de la Procuraduría General de la República, donde hay personal muy competente asesorando a la administración. Yo esperaría que una oficina como esta crezca y ayude a que seamos un país donde la corrupción disminuya, que no sigamos estancados en los índices de corrupción como nos ha pasado en los últimos años. El tema de la corrupción y de la ética es de importancia para el país, así como lo son el narcotráfico y la violencia. Lo que espero ahora desde mi posición de ciudadano es ver que los funcionarios actúen acorde con la ética pública.¿Qué perfil debe tener un procurador de la ética?Debe ser una persona ajena a la influencia política. Aquí hay que tomar decisiones arriesgadas, con un impacto político que no le debe preocupar a uno a la hora de tomar esa decisión y que sienta una seguridad en el puesto para poder tomar decisiones importantes. Entonces, el proceso de elección no debería ser un acto político. Yo considero que debe ser un acto técnico. Yo me considero un técnico. Trabajé durante 36 años en diferentes labores de la función pública. Estuve en la dirección jurídica del Ministerio de Justicia y durante muchos años en la dirección general de Adaptación Social. ¿Para dónde va?Voy a darme unas vacaciones largas y después pensaré en algunos proyectos. Sí le debo decir que este tema de la ética y el combate a la corrupción me interesa mucho y me preocupa mucho y que desde la acera del ciudadano quisiera seguir colaborando para que este país sea menos corrupto.