Hace 13 meses, Casa Presidencial recibió seis informes de la Procuraduría General de la República que señalan presuntas faltas éticas de varios directores del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), y a la fecha, el Consejo de Gobierno no ha tomado una decisión al respecto.
En junio de este año, el ministro Sergio Alfaro, expresó que "próximamente" se resolvería el caso; sin embargo, el martes pasado, ante una consulta de La Nación, el jerarca solo precisó que el acuerdo se tomará en "esta administración".
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Desde abril pasado, el órgano director a cargo de la investigación interna en Casa Presidencial, presentó un informe con sus conclusiones, pero tras cinco meses, el Consejo de Gobierno aún no toma ningún acuerdo al respecto.
En este caso, el acuerdo podría implicar sanciones o hasta el despido, o por contrario, el presidente Luis Guillermo Solís junto con sus ministros podría desestimar el expediente de la Procuraduría de la Ética.
La Procuraduría halló una presunta falta al deber de probidad por parte de varios directores que, en enero del 2016, modificaron la composición de tres de las cuatro juntas directivas de las subsidiarias, para autonombrarse en ellas. Eso ocurrió en BN Valores, BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) y BN Corredora de Seguros.
Así actuaron en aquel momento Ana Isabel Solano (presidenta), Jorge Méndez, Víctor Carranza y Luis Pal. María Jeannette Ruiz y Víctor Ramírez, quienes también integraban la Junta Directiva del BN, se opusieron. Ramírez ya no forma parte de ese órgano.
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Tras los informes de Procuraduría, que se iniciaron en marzo de 2016, Zapote abrió una investigación contra seis de ellos, la cual finalizó en abril de este año y desde el entonces, se mantiene congelada a la espera de una resolución.
Los informes de la Procuraduría corresponden a los directivos Ana Isabel Solano, Jorge Méndez, Luis Pal, Víctor Hugo Carranza, Xinia Herrera (ya no forma parte de la Junta Directiva) y Jeannette Ruiz, aunque no todos habrían incurrido en faltas éticas.
Méndez y Pal fueron nombrados en administraciones anteriores; los demás son de la administración Solís Rivera. Herrera ingresó al banco una fecha posterior a los autonombramientos.
Faltas éticas
Además de la presunta falta al deber de probidad, la Procuraduría reveló que los directivos violaron otras normas éticas.
Menciona, por ejemplo, faltas a la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, el Código Procesal Civil, y el Código de Conducta del Conglomerado del Banco.
Los seis informes, de carácter vinculante, son confidenciales hasta que Zapote tome una decisión, sin embargo, La Nación tiene una copia del acta de Consejo de Gobierno del 6 de setiembre de 2016 en la que se asoman los resultados de ese documento.
"Indica la Procuraduría que estos informes los pone en conocimiento del Consejo de Gobierno con el propósito de que proceda conforme a derecho y valore la apertura de un procedimiento administrativo para establecer la eventual responsabilidad disciplinaria que podría corresponder en contra de los funcionarios, por presuntas transgresiones al deber de probidad", se lee en el acta.
En el acta no se precisa si las posibles faltas éticas fueron cometidas por todos los directivos investigados.
Sobre este caso, Casa Presidencial también recibió un criterio de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) que detectó vicios en lo actuado por los directivos, pues incumplieron el Código de Gobierno Corporativo del Banco, aprobado por ellos mismos, al nombrar más de dos directivos en las sociedades anónimas del banco estatal.