Daniela Rojas, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), presentó una iniciativa de ley que pide al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) intervenir las comunicaciones telefónicas en las extorsiones que aplican los prestamistas al momento de cobrar a los deudores.
El objetivo del proyecto es atacar los préstamos informales de fácil acceso conocidos como gota a gota, por los cuales el deudor paga tasas de interés abusivas, de acuerdo con la legisladora.
Estos préstamos han incrementado las actividades ilícitas, debido a las tácticas de amenazas e intimidación empleadas por los prestamistas para asegurar el reembolso de los préstamos, según subraya el proyecto de ley.
La justificación del proyecto rescata el titular de una noticia de La Nación que informa sobre la capturados hombres en Heredia, sospechosos de raptar y agredir a una adulta mayor de 67 años por una deuda ajena de un préstamo de este tipo.
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En esa línea, Rojas propone la inclusión del delito de extorsión agravada en el Código Penal. Esta legislación ya establece la figura de la extorsión, con una condena que varía de cuatro a ocho años, y de cinco a diez años si la acción se efectúa utilizando manipulación informática, telemática, electrónica o tecnológica.
Este delito se configura cuando, con el objetivo de obtener un lucro se coacciona a alguien mediante intimidación o amenazas graves, forzándolo a tomar medidas que afecten su patrimonio o el de un tercero.
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Lo agravante entraría en juego cuando la extorsión se dirigiera hacia un deudor o a un tercero durante la recuperación total o parcial de tasas de interés, presentes o futuras, que superen los límites legales establecidos. Según esta propuesta, la sanción oscilaría entre 5 y 10 años de prisión.
La exposición de motivos del proyecto subraya que estas prácticas son un claro indicio de las deficiencias en las políticas de inclusión financiera que existen en el país, donde numerosas personas quedan excluidas de acceder a las instituciones financieras formales con el fin de obtener crédito.
Luego, la legisladora plantea cárcel según el tipo de lesiones que sufra la víctima producto de la extorsión agravada.
Estas irían de cinco a diez años si la lesión fuere gravísima; de cuatro a seis años si fuere grave; y de nueve meses a un año, si fuere leve como ya lo establece el Código Penal cuando en el delito concurren las circunstancias del homicidio calificado.
Como última medida, se propone la inclusión de la extorsión agravada en la lista de delitos que permiten la autorización de intervenciones telefónicas por parte del OIJ.
Esta reforma se centraría en el numeral 9, el cual faculta a los tribunales de justicia a autorizar la intervención de comunicaciones verbales, escritas o de otro tipo, abarcando las telecomunicaciones fijas, móviles, inalámbricas y digitales.
Esta disposición aplicaría en casos relacionados con el esclarecimiento de delitos como secuestro extorsivo, corrupción agravada, proxenetismo agravado, fabricación o producción de pornografía, tráfico de personas y tráfico de órganos para su comercialización, homicidio calificado, genocidio, terrorismo y las infracciones establecidas en la Ley sobre estupefacientes.
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Diputados contra el gota a gota
La iniciativa de Rojas se suma al proyecto de la legisladora Gloria Navas, del Partido Nueva República (PNR), que plantea sanciones para los cobradores que utilicen intimidación, amenazas graves, privación de libertad o lesiones en los préstamos gota a gota.
El castigo son penas que van de tres años a 10 años de prisión, y si el cobro es realizado por una estructura de crimen organizado, la pena se elevaría de cuatro años a 12 años de prisión.
El proyecto de Navas también propone sancionar con seis meses a dos años de prisión o entre 20 y 80 días multa a quienes se aprovechen de la situación económica de una persona, su estado de pobreza o calamidad social, ligereza o inexperiencia, otorgándoles o prometiendo ventajas pecuniarias desproporcionadas en las condiciones del préstamo. Estas sanciones ya se aplican a los créditos usureros.