“Yo en esto no actúo a título personal, yo en esto actúo en mi rol como jefe de gobierno. Mal haría en tomar decisiones a partir de temas o sentimientos personales. Y lo hago con convicción de lo que considero es correcto para el país”.

Con esas palabras reaccionó el presidente Carlos Alvarado ante la advertencia de la Iglesia católica de excluir de la comunión a quienes promuevan la norma sobre la interrupción del embarazo cuando peligren la vida o la salud de la madre.

“Mal haría en hacerlo como un tema personal. Creo que vale la pena recordar la división clara que tiene que haber en una sociedad entre la materia de la política y de la esfera pública, y de las personales y de las creencias de las personas.

“Si tenemos una institucionalidad fuerte, que defiende la pluralidad, es para que, en el ámbito de lo privado y de lo personal, cada quien pueda ejercer su libertad en su mejor entender, sin que nadie le imponga nada a nadie en la parte de sus creencias en lo personal”, reflexionó ante la consulta de la prensa.

El pasado 17 de diciembre, los obispos de la Conferencia Episcopal, manifestaron su desacuerdo con la norma que define un protocolo médico para los casos en que estén en riesgo la vida o la salud de las embarazadas.

“Recordamos a todos los fieles católicos que promover normas favorables al aborto o la eutanasia conforma la figura de cooperación formal y, por tanto, excluye de la participación de los bienes espirituales que otorga la Iglesia, en especial la recepción de la eucaristía de la sagrada comunión”, manifestaron los obispos en el pronunciamiento.

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En tanto, el el mismo vocero de la Conferencia Episcopal, Mauricio Granados, afirmó al medio ameliarueda.com: “El señor presidente de la República y el señor ministro de Salud (Daniel Salas), si son fieles católicos, saben a qué atenerse. La norma está indicada en el código de derecho y el comunicado es muy claro”.

Sobre la esfera de la fe, Alvarado defendió la privacidad de sus decisiones.

Gobierno defenderá norma en Sala IV

El presidente de la República también sostuvo que el gobierno defenderá, ante la Sala Constitucional, la firma de este protocolo.

Los magistrados acogieron un recurso de amparo contra la norma técnica y dio al Poder Ejecutivo tres días para responder en su defensa.

“Lo que se remite a la Sala Constitucional, está dentro de lo que la institucionalidad permite. Nosotros sostenemos que esta norma técnica era y es necesaria para tutelar los derechos de la personas, particularmente de las mujeres, y presentaremos nuestra argumentación”, señaló al mismo tiempo que recordó que los plazos para implementar la norma corren porque no existe medida cautelar que la detenga.

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El amparo fue presentado por los diputados del bloque independiente Nueva República.

Precisamente, estos diputados y su secretario general, Fabricio Alvarado, colgaron esta semana lazos negros fuera de la Casa Presidencial, como señal de protesta.

A respecto, el presidente Alvarado resaltó el derecho a la libertad de expresión: “Costa Rica dichosamente es un Estado de Derecho que permite que las personas ejerzan sus libertades. Si alguien desea manifestar su libertad de expresión, mientras esté en el ámbito de institucionalidad, para eso sirve la democracia”.

“Quien quiera manifestarse dentro de la institucionalidad, puede hacerlo. Dichosamente, para eso somos un país de tolerancia, de respeto, un país fuerte desde la institucionalidad, no se requeriría si todos pensáramos exactamente igual”, dijo Alvarado.