La Casa Presidencial ordenó archivar el informe de la Procuraduría que señala faltas éticas en relación con el viaje que la presidenta, Laura Chinchilla, hizo a Perú el 11 de mayo para asistir a la boda del hijo del vicepresidente Luis Liberman.
El 3 de julio, la Procuraduría de la Ética señaló que el exministro de Comunicación, Francisco Chacón; su esposa y ministra de Comercio Exterior, Anabel González, y la exasistente personal de Chinchilla, Irene Pacheco, habían violado normas éticas al participar del viaje.
Los funcionarios asistieron a la boda del hijo de Liberman el sábado 11 de mayo, y el lunes 13 Chinchilla acudió a una cita de 40 minutos con el presidente peruano, Ollanta Humala.
Luego de una denuncia recibida en su despacho, el procurador de la Ética, Gílberth Calderón, abrió una investigación en la que se determinó que se debía abrir un proceso administrativo contra los funcionarios involucrados; sin embargo, dos semanas después, el 16 de julio, la respuesta del vicepresidente Alfio Piva fue archivar el caso.
Sobre la decisión del Gobierno, Calderón dijo que su informe es la base para “iniciar un procedimiento disciplinario”, pero aclaró que no implicaba obligación de la Presidencia de ejecutar lo dispuesto.
Aun así, él insiste en que se debió seguir el proceso disciplinario según el estudio realizado por su despacho, y reiteró que los funcionarios públicos no pueden recibir colaboraciones para viajes.
“Esto lo prohíben los principios y enunciados éticos emitidos por la Contraloría General”, explicó.
Polémica. No obstante, Chinchilla quiere dar por cerrado el caso y criticó a la Procuraduría.
“Yo comparto todos los extremos del informe (de Piva). Efectivamente, lo que se recomienda es archivar el caso. Nosotros volvemos a reiterar no solamente preocupaciones en torno al procedimiento seguido por la Procuraduría, sino también se formulan apreciaciones sobre el tema de fondo”, dijo.
Sin embargo, Calderón no comparte estas razones y recalcó que le dio dos semanas de tiempo a los funcionarios para que ofrecieran sus explicaciones.
Pero las limitaciones legales impiden que la Procuraduría siga con el caso, en un episodio que costó el puesto a Chacón, a Pacheco y al jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Mauricio Boraschi.
Las salidas no se dieron por los cuestionamientos de la Procuraduría, sino por el escándalo que se desató al hacerse público que el avión, a nombre de la firma petrolera THX, fue facilitado a través del cuestionado empresario colombiano de nombre Gabriel Morales Fallón, quien había sido investigado en su país por supuestos nexos con el narco.
Chinchilla reiteró que el préstamo del avión por parte de la empresa THX “nunca fue una contribución personal, fue una contribución a la Administración”.