Cada vez, más precandidatos, candidatos y en no pocos casos, funcionarios públicos, echan mano de medios electrónicos para administrar sus exposiciones a los medios de comunicación, dar a conocer solo su versión de los hechos y evitar cuestionamientos de la prensa.
El mecanismo se ha hecho evidente, tanto por funcionarios de la presente administración, como por políticos que pelearán un espacio en las papeletas para las elecciones del 2018.
La situación pone cuesta arriba el trabajo de periodistas y formadores de opinión que buscan, a través de consultas puntuales y directas, destapar situaciones de interés público.
Tal fenómeno no solo es endémico en Costa Rica. En Estados Unidos, el presidente electo, Donald Trump, utiliza los medios electrónicos para evitar la confrontación con la prensa.
Un artículo publicado por el New York Times el 21 de noviembre pasado , expone cómo Trump utiliza medios como Twitter y Youtube para hablar sobre su plan de gobierno y sus promesas de campaña sin la acción cuestionadora de los periodistas.
En la publicación, el diario señala que Trump apareció en Youtube leyendo su mensaje relacionado con el empleo, en “una de las pocas oportunidades para que el público pueda escuchar directamente al señor Trump desde que fue electo”.
Criollo. En territorio tico, este tipo de manejo de la información pública llegó a un punto extremo por parte del hoy exviceministro de Trabajo, Hárold Villegas, quien fue entrevistado por este diario la tarde del lunes en torno a su participación en una polémica fiesta en el Edificio Cooperativo que a la postre le costó el puesto ayer.
Villegas, no solo brindó declaraciones por la vía telefónica, sino que envió un correo electrónico con una autoentrevista, en la que él mismo hacía las preguntas y daba las respuestas sobre el tema.
En el campo de las campañas electorales, la estrategia permite administrar las preguntas y la exposición de los políticos, mientras que a los funcionarios les sirve de escudo para evitar respuestas a aspectos escabrosos.
En el plano electoral, el 19 de setiembre pasado, el expresidente Óscar Arias aprovechó las ventajas de una cadena de televisión para anunciar al país que no participaría en el proceso de elección de un candidato presidencial para Liberación Nacional.
Su anuncio se dio luego de siete meses de expectativa entre medios de prensa, y un constante ejercicio de colgar el teléfono a las llamadas. Previo y posterior a la cadena, Arias siguió la misma tónica de no responder.
Contestatón. Mes y medios después del anuncio de Arias, el precandidato del Partido Liberación Nacional (PLN), José María Figueres, anunció una serie de encuentros con potenciales votantes en espacios denominados “contestatón”.
Se trata de foros cibernéticos a través de Facebook en el que Figueres dice estar dispuesto a contestar “lo que sea”, sobre temas relacionados con escándalos como el caso ICE-Alcatel, el descalabro del Banco Anglo y el cierre de operaciones del Instituto Nacional de Ferrocarriles.
A primera vista parece una actitud abierta. Sin embargo, luego de la primera “contestatón”, realizada el 7 de noviembre, con acceso a la prensa, el espacio para los medios se ha venido reduciendo en este tipo de actividades, de manera que el político puede evadir las preguntas y repreguntas de los reporteros.
El también precandidato del PLN, Antonio Álvarez Desanti echó mano de un recurso similar para anunciar, el pasado 10 de noviembre, su precandidatura. Si bien Álvarez sí permitió las preguntas de la prensa luego de un anuncio publicado en su red de Facebook, lo cierto es que tuvo el control de la declaración al momento de ser emitida.
Función pública. Los empleados del Gobierno usan estrategias que no necesariamente pasan por redes sociales, sin embargo, el uso de medios electrónicos es evidente para evitar el enfrentamiento con un periodista.
Los ministros de Comunicación y de la Presidencia, Mauricio Herrera y Sergio Alfaro, respectivamente, así como la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, se negaron a conceder una entrevista, por teléfono o en persona en julio pasado, sobre la forma cómo se iba fiscalizar y distribuir el $1 millón que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) entrega cada gobierno regional.
Herrera y las encargadas de prensa de Alfaro y Zúñiga dijeron que solo atenderían consultas sobre por escrito, lo que limitó la función del periodista de repreguntar y ahondar en los planteamientos señalados por los funcionarios.
El 27 de setiembre, La Nación pidió una entrevista a Alfaro sobre el informe de la Procuraduría en torno a la decisión de los directivos del Banco Nacional de repartirse puestos en las juntas directivas de subsidiarias.
Alfaro contestó a través de su encargada de prensa, mediante un correo, señalando que no había nada que reportar.
El 9 de noviembre anterior, este diario remitió por correo electrónico siete consultas al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) sobre una denuncia por el posible daño ambiental de su planta hidroeléctrica Reventazón (Siquirres). Las consultas no fueron contestadas esa tarde.
Al día siguiente, el ICE emitió un comunicado refiriéndose al tema en forma general. Nuevamente, por correo electrónico, se consultó si, al margen del boletín podían referirse puntualmente a las consultas originales, pero no hubo respuesta.
Un caso similar se dio con el caso de los posgrados de Odontología de la Universidad de Costa Rica. Su responsable, Ottón Fernández, literalmente dijo: “Solo voy a dar declaraciones al Semanario Universidad ”. Colaboraron: Juan Fernando Lara, Daniela Cerdas, Natasha Cambronero, Esteban Oviedo y Gerardo Ruiz