Un posible conflicto de intereses en el gobierno de Aragón, España, esparció polémica hasta Costa Rica, específicamente sobre planes de ayuda financiados por la Unión Europea.
En medio de la tormenta está Joaquín Olona, titular de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Aragón, a quien un partido político pide separar bajo el supuesto de favorecería empresas familiares con contratos de consultorías ligadas a su área. Esas empresas efectuaron dos contratos para el Ministerio de Planificación costarricense con fondos públicos europeos.
Incluso, recientemente trascendió que en octubre del 2015, cuando Olona recién había asumido el cargo público, recibió a la ministra de Planificación , Olga Marta Sánchez, y a una delegación de cinco diputados de diferentes fracciones.
Tanto Sánchez como los legisladores, aseguran que Olona los atendió como funcionario, y no como consultor, para mostrarles los esquemas de desarrollo aplicados por el gobierno de Aragón.
“El viaje lo financió el Programa Eurosocial (entidad adscrita a la Unión Europea, que brinda cooperación al país desde el 2012, en temas de fortalecimiento de la gobernanza y desarrollo regional). Fue este programa el que directamente giró la invitación a los participantes”, dijo el Ministerio, en respuesta a este diario.
Los congresistas que viajaron con ese propósito son: Michael Arce, de Liberación Nacional (PLN); William Alvarado, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Carmen Quesada (exdiputada del Movimiento Libertario); Marco Vinicio Redondo, de Acción Ciudadana (PAC), y Francisco Camacho, del Frente Amplio.
Cuestionados negocios. La polémica, divulgada por el diario digital español Público, surgió tras revelarse que Olona obtuvo contratos de consultoría mediante dos empresas familiares.
Según divulgó ese medio el pasado 16 de mayo, el funcionario aún figura como presidente y consejero de la firma Ingeniería, Estudios y Servicios (IES), cuyo consejo lo integran dos de sus hermanos.
Además, Olona presidió, hasta el 10 de mayo anterior, la firma Investigaciones y Asistencia Técnica Quasar. En esta última, lo relevó una hermana.
Ambas compañías ganaron contratos con Eurosocial, ente de la Unión Europea dedicado a financiar programas de desarrollo en Costa Rica y otras naciones.
Eurosocial financió, en el 2013 y el 2015, dos consultorías para el Ministerio de Planificación sobre cómo elaborar planes de desarrollo regional. La empresa contratada para los estudios fue Investigaciones y Asistencia Técnica Quasar y el consultor fue, precisamente, Joaquín Olona.
Él asumió el cargo público en España, en julio del 2015.
Los representantes de la agrupación opositora española, Podemos, reclamaron que Olona podría estar ante un conflicto de interés, en vista de que sus empresas brindan servicios en la rama del desarrollo rural, algunos de los cuales pueden ser pagados con dineros públicos.
Entre tanto, el gobierno de Aragón respalda al funcionario, pues semanas atrás, se deshizo de las acciones de Quasar.