Los partidos Liberación Nacional (PLN), Nueva República (PNR) y Frente Amplio (FA) propusieron, cada uno por su lado, implementar una moratoria en el pago de los créditos de las personas físicas y jurídicas afectadas por la emergencia del covid-19.

En un pronunciamiento del Comité Ejecutivo y Directorio Político, el PLN sugirió una moratoria de seis meses para los préstamos personales, hipotecarios y prendarios de las personas que resulten desempleadas por esta pandemia.

Por su parte, el FA presentó este martes un proyecto de ley para que se les otorgue el mismo beneficio a las empresas y personas que tengan deudas inferiores a los ¢100 millones, incluso con tarjetas de crédito.

Su propuesta consiste en congelar esos pagos hasta el 31 de mayo y que, entre el 1.° de junio y el 31 de agosto, solo paguen intereses. En el caso de las tarjetas de crédito, la moratoria aplicaría hasta el 31 de agosto.

Al mismo tiempo, los diputados de Nueva República introdujeron en la corriente legislativa un plan de ley para que se congelen los créditos hipotecarios por un periodo de cuatro meses, tanto para personas como para empresas.

Este bloque legislativo presentó esa propuesta a las autoridades de Gobierno, este martes, en el Congreso.

Por su parte, el Gobierno emitió este miércoles una directriz a los bancos públicos para readecuar créditos. Sin embargo, esta no es vinculante para la banca privada.

Sobre estas propuestas, María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) manifestó que cualquier acción para beneficiar a sus clientes debe ser coordinada con las autoridades competentes.

“La ABC considera que las medidas necesarias para enfrentar el impacto económica ocasionado por el covid-19 deben ser tomadas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Consejo Nacional de Supervisión Financiera (Conassif); las acciones que permitan a los bancos ayudar a sus clientes deben ser coordinadas por las autoridades del sector”, señaló Cortés.

PLN pide 20 medidas sociales y económicas

Además de la moratoria, el PLN sugirió a las autoridades de Gobierno 20 medidas para mitigar el impacto social y económico que podría tener la emergencia sanitaria.

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Entre ellas, sugirió ampliar a 11 meses el plazo de los seguros de desempleo de los créditos personales, cuando el despido sea con responsabilidad patronal.

Asimismo, para las empresas inscritas en el régimen de tributación simplificada, la sugerencia es que se les exonere del pago del impuesto de renta durante un trimestre, o bien, que se les descuente el 50% de la declaración por el mismo periodo.

El PLN también propone que se exonere la canasta básica del impuesto sobre el valor agregado (IVA) para afrontar la crisis.

En el ámbito social, Liberación propuso que el Instituto Mixto de Ayuda Social otorgue a las familias con menos recursos un bono especial y temporal.

También, insta a que se le permita a quienes queden desempleados retirar el 50% del monto que cada uno tenga disponible en su pensión complementaria obligatoria, en tractos, a lo largo de 12 meses.

Para las pequeñas y medianas empresas, el partido solicita reducir las cargas sociales que se pagan a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

En el ámbito legislativo, los liberacionistas urgieron a los diputados aprobar el proyecto de ley que regularía la tasa usura de los créditos, así como otro para librar a las municipalidades del cumplimiento de la regla fiscal, con el argumento de que aportarían recursos a la atención de la crisis.

Este martes, los diputados avanzaron con la primera propuesta del Gobierno para reducir el impacto económico de esta emergencia nacional con la aprobación de un proyecto de ley que aplaza el pago de cuatro impuestos para trabajadores independientes y empresas.

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Los impuestos que recibirá el Gobierno hasta final de año son los de valor agregado (IVA), renta, selectivo de consumo y aranceles de importación.

El PLN también hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que apure la aprobación de leyes para enfrentar la crisis.

“Acelerar la negociación política para una pronta aprobación de proyectos planteados por el Poder Ejecutivo y otras fracciones legislativas, que tengan como objetivo paliar las consecuencias de esta crisis, en el espíritu de responsabilidad y patriotismo con el que ha venido actuando nuestra fracción legislativa”, indica el último punto del pronunciamiento.