El pleito por la reubicación de dos oficinas para diputados y asesores pone en riesgo el inicio de las obras para un nuevo edificio legislativo.
Tras 66 años de planes frustrados, el intento más serio por edificar una sede parlamentaria está en peligro por la negativa de dos legisladores del Frente Amplio (FA), insatisfechos con dejar sus despachos. Se trata del jefe de esa fracción, Gerardo Vargas, y de su compañero, Carlos Hernández.
El cronograma señala que las demoliciones necesarias para empezar con la construcción deben iniciarse en marzo, luego de la presentación de los planos finales; sin embargo, la negativa de los parlamentarios a moverse de sus recintos podría entorpecer la operación.
La construcción de una nueva sede en los actuales terrenos de la Asamblea, es una urgencia, pues los problemas de infraestructura no solo son una amenaza para la vida de los diputados, sino la de los visitantes al complejo, que alberga a más de un millar de funcionarios.
Tan mal están las instalaciones, que desde el 2009 pesa una orden de desalojo del Ministerio de Salud.
No obstante, los intentos realizados en las últimas tres administraciones han terminado sin éxito, hasta que en la gestión anterior se exploró la posibilidad de construir los nuevos inmuebles bajo la figura de un fideicomiso, administrado por el Banco de Costa Rica.
Tanto Vargas como Hernández exigen al Directorio legislativo garantías de que tendrán dónde trabajar en caso de que los desalojen de su actual ubicación.
Con tractor. Ambos congresistas tienen sus despachos en el edificio conocido como Casa Villalobos, en la cuadra donde la Administración y la Unidad Administradora del Fideicomiso del Banco de Costa Rica piensan levantar una torre de oficinas.
“Tendrán que sacarnos con un tractor”, dijo anoche Vargas, al señalar que hasta que no se les dé una solución a él y a su compañero Hernández, seguirán en Casa Villalobos.
Este recinto está ubicado al costado oeste del actual edificio principal de la Asamblea, contiguo a las oficinas que ocupa la dirección de Prensa y Protocolo y la antigua biblioteca legislativa.
Si bien Vargas asegura que la fracción del FA es la más interesada en que se construya un nuevo edificio legislativo, a la vez exige seguridad para los empleados de su despacho y el de su compañero Hernández.
“El Directorio nos ha dicho que todo está para empezar en marzo. Eso significa que Carlos Hernández y yo tenemos un mes de tiempo para reubicarnos, porque nuestras oficinas van a ser demolidas. El Directorio tiene la obligación de decirnos dónde vamos a trabajar”, dijo Vargas.
El plan de construcción de la nueva sede legislativa señala que esas estructuras, junto a otras que compró el Congreso el año pasado, deberán ser botadas para la edificación de dos torres de oficinas, el nuevo plenario y las salas de sesiones de las 24 comisiones donde laboran los diputados.
El director ejecutivo de la Asamblea, Antonio Ayales, dijo estar preocupado porque se atrase el proyecto de ¢52.000 millones, el cual podría acabar con el hacinamiento de los despachos de asesores y parlamentarios.
El proyecto es desarrollado por una Unidad Administradora del Banco de Costa Rica y, a la fecha, es la propuesta con mayor avance desde que, en 1949, los diputados fundadores de la Segunda República decidieron que se debía dar una sede al Congreso.
El secretario del Directorio Legislativo, Juan Marín, aseguró que están discutiendo propuestas con ambos legisladores para garantizar una solución pronta.
“Los diputados quieren que a la brevedad se busque una solución y podamos avanzar con la construcción del edificio legislativo”, aseveró.