El Gobierno promueve un proyecto de ley para reducir de dos a un año el plazo que tiene una persona para demandar a otro por injurias, calumnias o difamación.
Ese es uno de los cambios incluidos en la iniciativa denominada Ley de Libertad de Expresión y Prensa que Casa Presidencial sacó a consulta desde el 31 de marzo y hasta el 18 de abril próximo.
Según el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, es necesario reducir el plazo de prescripción en los delitos contra el honor porque el periodo actual puede resultar "intimidante" para los comunicadores.
"Lo que se ha visto en este país, y es muy normal en la práctica periodística, es que si una fuente hace una advertencia de posible intención de demandar, eso durante dos años se convierte en una especie de espada de Damocles encima de la cabeza del periodista, y eso puede terminar ejerciendo autocensura y teniendo un efecto de congelamiento sobre el ejercicio de la libertad de expresión del periodista. Consideramos que (un año) es un periodo suficiente para que haya una adecuada protección al derecho al honor y evitar su uso indebido", expresó Herrera.
El borrador del texto consta de ocho artículos que, a su vez, reforman tres normas del Código Penal y otras tres del Código Procesal Penal, al tiempo que adiciona un nuevo apartado al Código de Trabajo.
En el Código Penal, se incluye un párrafo que se libera de responsabilidad al periodista que reproduzca "informaciones o juicio de valor sobre hechos de interés público ofensivos al honor" que con anterioridad hayan sido publicados por otro medio de comunicación, agencia de noticias, autoridad pública o por un particular con conocimiento de los hechos.
Esa modificación va en consonancia con una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 2014, que fue emitida en favor del ahora jerarca de Comunicación.
El proyecto de ley también incluye otros seis cambios:
-Establece que el ofendido podrá solicitar una publicación reparatoria por parte del condenado y que el tamaño de esta deberá ser proporcional a la publicación en la que se emitió la ofensa. En la actualidad no se fija ningún parámetro en el Código Penal.
-Establece que no serán punibles los casos en que las imputaciones son hechos de interés público. En este caso, lo que se hace es precisar normas ya existentes.
-Incorpora a quienes ejercen el periodismo dentro del deber de abstención, junto a ministros religiosos, abogados, notarios, médicos, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros y demás auxiliares de las ciencias médicas, así como a los funcionarios públicos sobre secretos de Estado. Precisa que los periodistas solo pueden revelar un testimonio cuando la fuente lo libera de guardar el secreto.
-Estipula que las personas que ejerzan el periodismo no tendrán la obligación de revelar la fuente de una información obtenida en el ejercicio de sus funciones.
-Amplía de cinco a diez días el plazo que tiene el querellado para presentar pruebas para refutar los hechos denunciados.
-Crea una cláusula de conciencia que le permite a quienes ejercen el periodismo no realizar trabajos contrarios a su conciencia o normas éticas. Cuando eso ocurre, las periodistas pueden invocar la cláusula y dar por roto el contrato con responsabilidad patronal.
El ministro Mauricio Herrera asegura que el texto fue redactado de manera conjunta entre la cartera que él dirige y la Dirección Jurídica de Casa Presidencial, y que fue consultado con el Colegio de Periodistas y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex), entre otros.
Precisó que el texto aún no se le ha presentado a los diputados y que se hará una vez que concluya el periodo de consulta.
Según Herrera, la intención es que el plan se apruebe antes de que termine la actual administración el 8 de mayo del 2018. En su criterio, no hay razón para que los legisladores se opongan a la iniciativa.
"Se procura dar un marco más amplio para el trabajo de los comunicadores, donde haya una mayor confianza para el ejercicio de la profesión (...). Es importante que la sociedad costarricense avance hacia condiciones de no punibilidad en asuntos donde es relevante un tema por el caracter público que tiene", declaró Herrera.
Junto al Proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Prensa, el Gobierno también sacó a consulta un plan denominado Ley de Acceso a la Información Pública.
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